PoloSur
La intervención estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, que actuó bajo la orden judicial de allanamiento número 2026-AJ0088140. Durante el procedimiento, se logró recuperar la totalidad de los bienes denunciados como sustraídos y se condujo a un hombre para fines de investigación, lo que resalta la efectividad de las acciones policiales en casos de delitos contra la propiedad.
Según informaron las autoridades, el incidente tuvo lugar el 1 de octubre. Un comerciante denunció que fue contactado por Jesús Ramos Viñas, quien supuestamente tenía la intención de adquirir piedras de larimar procesadas y semiprocesadas. Posteriormente, el comerciante fue trasladado a un establecimiento ubicado en la calle Isabel la Católica, en la Zona Colonial, donde se desarrollaron los hechos delictivos.
En el lugar, el comerciante alegó que Ramos Viñas, junto a otro individuo identificado como “Omar”, quien supuestamente portaba un arma de fuego, tomó la mercancía sin realizar el pago acordado. Además, el comerciante aseguró que los implicados se negaron a devolver los productos mientras lo amenazaban, lo que generó una situación de gran tensión y temor para la víctima.
Las labores de inteligencia y seguimiento realizadas por las autoridades condujeron al allanamiento, donde fue detenido Fausto Omar Tiburcio Ramírez, a quien las pesquisas vinculan con el individuo mencionado como “Omar”. Las autoridades informaron que tanto el detenido como los objetos recuperados quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá definir las imputaciones correspondientes y solicitar, si lo considera necesario, medidas de coerción ante un tribunal, lo que podría implicar serias consecuencias legales para los involucrados.
Este caso en la Zona Colonial se suma a otras intervenciones desarrolladas en República Dominicana entre abril y octubre. Por ejemplo, el 30 de mayo, la Policía Nacional y el Ministerio Público llevaron a cabo 14 allanamientos simultáneos durante la denominada Operación Clave, la cual estaba dirigida contra una estructura investigada por presunto tráfico ilegal de armas, evidenciando así el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.
En el operativo realizado, las autoridades lograron la incautación de 20 armas de fuego, así como cientos de municiones y más de RD$ 878 mil (equivalente a USD 14,325.34) en efectivo. También se recuperaron vehículos, motocicletas, dispositivos electrónicos, documentos bancarios y joyas. Como resultado de estas acciones, se arrestó a 14 personas, mientras que las autoridades se encuentran en la búsqueda de determinar tanto el origen como el destino final del armamento confiscado.
El 8 de julio, agentes de la División de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad llevaron a cabo la recuperación de 343 paquetes de ropa, que formaban parte de una mercancía valorada en más de RD$ 1 millón (más de USD 16,316). Esta investigación se inició a raíz de una denuncia por una presunta estafa que involucraba comprobantes falsos de transferencias bancarias en una tienda ubicada en Villa María. En el marco de esta causa, tres hombres fueron detenidos después de que el propietario del comercio entregara 21 sacos de ropa, tras haber recibido comprobantes por un total de RD$ 666.420 (USD 10,873.23) y RD$ 413.400 (USD 6,744.98).
La Policía informó que los documentos en cuestión correspondían a cheques sin fondos, y que la mercancía había sido vendida en un establecimiento de Nagua. En agosto, en el contexto de una investigación relacionada con asaltos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, las autoridades incautaron una pistola Glock 19, siete teléfonos celulares y RD$ 133 mil (USD 2,170.01) en efectivo. En este caso, se recuperaron también dos prendas de oro amarillo, las cuales quedaron bajo custodia para su posterior devolución a sus propietarios, de acuerdo con el proceso judicial correspondiente.
El Código Penal dominicano establece penas de hasta 20 años para el delito de robo con violencia, amenazas o uso de armas. La calificación jurídica final del caso relacionado con las piedras de larimar dependerá de las pruebas que presente el Ministerio Público. Según el Código Penal, vigente desde agosto de 2026 y establecido por la Ley 74-25, el artículo 224 sanciona el robo simple con penas de uno a dos años de prisión menor y multas que oscilan entre tres y seis salarios mínimos del sector público.
Por su parte, el artículo 226 estipula penas de 10 a 20 años de prisión mayor y multas de 20 a 30 salarios mínimos cuando el robo se lleva a cabo con violencia, amenazas, torturas o uso de armas, o cuando los autores están armados o actúan en conjunto con otras personas. Estas circunstancias deberán ser demostradas durante el proceso judicial.
La estafa, según lo estipulado en el artículo 237, se define como el uso de un nombre falso, una calidad falsa o maniobras fraudulentas que inducen a otra persona a entregar bienes o valores. Esta infracción contempla penas de tres a cinco años de prisión menor, además de multas que oscilan entre nueve y 15 salarios mínimos.
En cuanto a las amenazas, el artículo 154 establece sanciones para aquellos que exijan bienes bajo amenaza. Si se logra demostrar que existió una exigencia amenazante que llevó a la víctima a entregar un bien, la pena puede variar de dos a cinco años de prisión menor, junto con multas que también van de nueve a 15 salarios mínimos, dependiendo de las circunstancias que determine la norma.
Por otro lado, los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, que regula el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, establecen penas de tres a cinco años de prisión, así como decomisos y multas de 25 a 50 salarios mínimos para quienes posean, transporten o usen armas de fuego de uso civil sin la correspondiente licencia. Esta infracción se aplicaría únicamente si la investigación concluye que el arma supuestamente utilizada carecía de la autorización necesaria.
En noticias relacionadas, la Policía Nacional de República Dominicana ha arrestado a tres hombres en el marco de cuatro investigaciones por delitos tecnológicos. Se ha atribuido a uno de los detenidos la realización de depósitos por un total de 269,600 pesos dominicanos (equivalentes a USD 4,403.26), obtenidos a través de una supuesta oferta de alojamiento, utilizando aplicaciones de mensajería para engañar a potenciales viajeros.
Además, la Cancillería de República Dominicana ha anunciado el restablecimiento de las notificaciones judiciales para personas y empresas domiciliadas en Venezuela. Este proceso se reanuda desde el miércoles, tras haber estado interrumpido desde marzo de 2025 debido al cierre de la representación consular en Caracas durante más de dos años.
En otro ámbito, el Poder Judicial de República Dominicana ha logrado reducir en un 93 % su inventario de expedientes en un periodo de siete años. Estos avances han sido documentados en informes que destacan progresos en digitalización, tiempos de tramitación y acceso remoto a trámites, aunque también se mencionan tareas pendientes para la próxima administración.
Finalmente, en un acto de protesta, se colocaron 237 sillas frente a la Fiscalía para exigir justicia por las víctimas del derrumbe de Jet Set. La concentración, que reunió a familiares y sobrevivientes, incluyó una silla adicional en memoria de un bebé de una mujer embarazada que falleció bajo los escombros.
La inflación interanual en República Dominicana alcanzó el 5.12% en septiembre, de acuerdo con información proporcionada por el Banco Central de la República Dominicana.
Durante el mismo mes, el índice de precios al consumidor registró un incremento mensual del 0.33%, impulsado principalmente por los sectores de transporte, alimentos y educación. Sin embargo, las disminuciones en los costos de telefonía móvil y boletos aéreos ayudaron a moderar el resultado final.
Fuente original: Infobae América.
