La crisis moral que atraviesan los tres magistrados de la Corte Suprema es irreversible, tanto en el ámbito político como en la percepción de la sociedad democrática, que valora un sistema basado en principios humanísticos, el respeto a la Constitución y la separación de poderes. Las controversias internas entre los jueces parecen tener escaso impacto en la mayoría de la población. En un corto lapso, estos magistrados cambiaron drásticamente su postura para proteger al Gobierno de una decisión que permitía la venta indiscriminada de tierras a inversores extranjeros.
Se ha señalado que el decreto presidencial 70/23 representa una reforma constitucional encubierta. Sin embargo, el aspecto político más relevante a destacar es que el giro de los jueces fue una respuesta a la fuerte reacción social de la ciudadanía. El descontento y la indignación se propagaron rápidamente, similar a la peste escarlata descrita por Jack London, y no han dejado de aumentar. En su intento por complacer a los sectores del establishment tanto internacional como local, los magistrados no se percataron de que el sentimiento de defensa de la soberanía nacional y de nuestras riquezas naturales había cobrado un renovado impulso, especialmente entre los jóvenes que se identifican con la causa malvinera.
El fallo del juez Rosenkrantz, quien parece ajeno al descontento popular, hizo referencia a “la disconformidad que en diversos sectores de la sociedad pudo haber generado”. Además, su decisión tenía un objetivo político adicional: evitar que el Parlamento se convirtiera en un eco de las protestas sociales, en un contexto de masivas manifestaciones que se desarrollan en plazas y avenidas de todo el país.
Fuente original: Página 12 Política.
