
Cuál es el impacto del impuestazo que habilitó Von der Thusen
Polo Sur
RÍO GRANDE.– La decisión de Raúl Von der Thusen de votar contra la eliminación del trámite de urgencia del proyecto de financiamiento educativo tiene consecuencias que exceden una discusión de procedimiento. Su acompañamiento contribuyó a conservar el mecanismo constitucional por el cual la iniciativa puede tenerse por aprobada de forma automática si no es expresamente rechazada dentro del plazo correspondiente y con esa aprobación también el incremento de impuestos.
El voto de Von der Thusen ayudo a mantener abierta la vía para que avance el impuestazo por el vencimiento del plazo. Esa distinción explica el alcance del cuestionamiento al legislador, quien había manifestado de forma demagógica su oposición a sumar impuestos al sector privado, paradójicamente su voto ayuda a dejar abierta la puerta para que ese incremento de impuestos se haga material de forma automática.


La pregunta pendiente es qué efectos tendría el esquema sobre el banco provincial, los servicios, los contribuyentes y la distribución de los recursos públicos.
Una carga adicional sobre el Banco de Tierra del Fuego
El proyecto contempla un adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego.
La carga podría reducir el resultado económico del banco si no se compensa con otros ingresos o ajustes. También corresponde analizar si afectaría sus posibilidades de financiar créditos, promociones y programas destinados a familias y empresas.
Gas: un impuesto cuya incidencia debe explicarse
Otra de las fuentes previstas es una alícuota del 3,4% para la actividad de distribución de gas natural.
El posible traslado al usuario depende del tratamiento regulatorio y de cómo se reconozca la carga dentro de los componentes del servicio.
Sin embargo, la posibilidad de que el tributo repercuta sobre los usuarios exige una respuesta concreta antes de la aprobación. En Tierra del Fuego, cualquier variación en el costo de un servicio esencial merece un análisis responsable que contemple tanto a los hogares como a comercios y empresas.
La Legislatura debe conocer quién soportaría efectivamente esa carga y bajo qué mecanismo.
Ingresos existentes que cambiarían de destino
El proyecto también establece que el 0,5% de la recaudación provincial de Ingresos Brutos se destine al fondo educativo.
Este punto constituye una afectación de recursos existentes: no representa, por sí mismo, un incremento de la alícuota que paga cada contribuyente. Su impacto debe analizarse sobre la distribución presupuestaria, porque los fondos destinados a una finalidad especifica dejan de estar disponibles para otros usos.
Para evaluar esa decisión se necesita precisar cuánto dinero representa, qué partidas o distribuciones modifica y cómo se atenderán las obligaciones que actualmente se financian con esos recursos.
Inmobiliario y utilidades de empresas provinciales
El esquema contempla además recursos provenientes de modificaciones en las alícuotas o bases imponibles del Impuesto Inmobiliario. Su efecto sobre los propietarios dependerá de los cambios concretos que se instrumenten.
También prevé incorporar hasta un 10% del remanente distribuible de utilidades de empresas provinciales. Ese mecanismo requiere conocer qué empresas aportarían, cuánto podrían transferir y qué incidencia tendría sobre sus planes de inversión y funcionamiento.
Los recursos vinculados con el Hidrógeno Verde y la Economía del Conocimiento necesitan, a su vez, estimaciones realistas de disponibilidad. Una fuente potencial no garantiza recaudación inmediata ni suficiente, con lo cual hasta ahora en materia de Hidrogeno Verde y la Economía del Conocimiento son solo expresiones de deseo.
Financiar la educación exige demostrar la sostenibilidad
El proyecto establece que al menos el 50% de los recursos se destine al fortalecimiento salarial docente, un mínimo del 25% a mantenimiento, servicios e infraestructura escolar y otro 15% a equipamiento y herramientas didácticas.
La meta de alcanzar una inversión educativa equivalente al 7,8% del Producto Bruto Geográfico en cinco ejercicios queda condicionada a la evolución económica y la disponibilidad efectiva de recursos, en un contexto de creciente déficit provincial.
Por otro lado la norma ni siquiera define como será la base de calculo del Producto Bruto Geográfico, con lo cual se realiza solo una estimación porcentual sobre un indicador que se debe construir en el futuro, una irresponsabilidad e improvisación pocas veces vista.
Los destinos propuestos tienen relevancia. Pero su cumplimiento exige conocer cuánto se recaudará, con qué regularidad y cómo se controlará la ejecución. Fijar porcentajes de distribución de un indicador que no está construido no demuestra que el financiamiento alcance para sostener las obligaciones previstas.
La responsabilidad de Von der Thusen
El cuestionamiento político aparece en el contraste entre rechazar públicamente nuevas cargas al sector privado y contribuir a mantener la urgencia de una propuesta que las incorpora.
En la votación del 1° de octubre, ocho legisladores impidieron retirar ese procedimiento y siete acompañaron su eliminación. Von der Thusen integró la mayoría que permitió al Ejecutivo conservarlo.
Su decisión no determina por sí sola el desenlace del proyecto. Sí implica una responsabilidad concreta: explicar cómo garantizará que las consecuencias tributarias, presupuestarias y económicas sean evaluadas antes de que venza el plazo.
El impacto del impuestazo no puede reducirse a sumar porcentajes. Hay posibles efectos sobre los costos de servicios, la capacidad financiera del banco provincial, los propietarios alcanzados y la disponibilidad de recursos para otras finalidades.
Mientras esas cuestiones no estén cuantificadas, mantener la urgencia significa sostener un procedimiento cuyo vencimiento puede producir la aprobación antes de que la ciudadanía conozca con claridad sus consecuencias. Ese es el punto que Von der Thusen debe explicar.
Un precedente legislativo que exige atención
La eventual aprobación del proyecto podría generar un precedente que otros sectores sindicales invoquen para reclamar fondos específicos destinados a financiar sus salarios. El riesgo es que la negociación paritaria quede progresivamente desplazada por disputas legislativas sobre impuestos y recursos afectados a cada sector, fragmentando la planificación presupuestaria y reduciendo la capacidad de atender prioridades comunes. La Legislatura debe evaluar si esta herramienta fortalece el financiamiento educativo de manera sostenible o abre una dinámica en la que cada conflicto salarial busque resolverse mediante nuevas cargas tributarias.


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