Sin límites: Bullrich quiere patrullar las redes sociales sin autorización judicial

El Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, avanza con un proyecto altamente polémico que busca transformar radicalmente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole facultades propias de una agencia de inteligencia como el FBI, pero sin los controles democráticos ni judiciales que rigen en los sistemas republicanos.

El documento, de circulación restringida y revelado por el portal Ámbito, expone la intención del gobierno nacional de modificar la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965) para habilitarla a actuar sin intervención judicial, incluyendo el patrullaje de redes sociales, la recopilación de datos personales y detenciones sin orden de juez, en clara violación del Estado de Derecho y los principios constitucionales de privacidad, debido proceso y libertad de expresión.

Uno de los puntos más alarmantes del borrador es la propuesta de que la Policía Federal pueda realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales” —como redes sociales y sitios web— sin necesidad de autorización judicial, lo que abre la puerta a la vigilancia masiva, la persecución ideológica y la criminalización de la disidencia. Aunque se menciona que estas tareas deben “respetar” la privacidad y los datos personales, en la práctica se habilita un monitoreo arbitrario y sin garantías.

 
Además, el proyecto permitiría detenciones preventivas sin orden judicial si los agentes consideran que una persona “pudiere cometer un delito” y no acredita debidamente su identidad. Esta ambigüedad normativa pone en riesgo la libertad ambulatoria y facilita abusos policiales al dejar a criterio subjetivo de los efectivos la posibilidad de privar de libertad a cualquier ciudadano.

El plan incluye también la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) con estructuras de inteligencia propias, como las nuevas Agencias Federales de Investigación (AFDI), lo que indica un claro intento de concentrar el poder de investigación criminal en una fuerza que responderá directamente al Ministerio de Seguridad, por encima de jueces, fiscales y otros controles del sistema democrático.

Dentro de las propias fuerzas federales hay malestar y preocupación. Integrantes de Gendarmería y Prefectura calificaron el proyecto como “excesivo” y advirtieron sobre el impacto institucional que tendría una Policía Federal con “facultades extraordinarias” que la coloquen por encima del resto de las fuerzas.

 
En definitiva, esta reforma impulsada por Patricia Bullrich representa un salto hacia un modelo de Estado policial autoritario similar a otras dictaduras, que no sólo erosiona el equilibrio entre seguridad y libertad, sino que desconoce flagrantemente las garantías constitucionales que protegen a la ciudadanía frente al poder estatal. Bajo el pretexto de combatir el delito complejo y el crimen organizado, se esconde un intento por legitimar la vigilancia digital sin control y reinstalar prácticas propias del espionaje interno.

El Congreso, la Justicia y la sociedad civil deben estar alerta ante este intento de reformar el rol de la Policía Federal por decreto o resolución ministerial, sin debate público ni control democrático. La seguridad no puede convertirse en excusa para avanzar sobre los derechos fundamentales.