Polo Sur
Mientras el gobernador Gustavo Melella aseguraba públicamente que el conflicto petrolero se encontraba resuelto y que se trabajaba para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados por la salida de YPF, la realidad que viven decenas de familias fueguinas parece contar una historia muy diferente.
En las últimas horas comenzaron a conocerse testimonios de trabajadores y familiares que denuncian suspensiones sin goce de haberes, falta de definiciones empresariales y una profunda incertidumbre sobre el futuro laboral de cientos de empleados vinculados a la actividad hidrocarburífera.
Uno de esos testimonios corresponde a la esposa de un trabajador de la empresa Almar con más de quince años de antigüedad, quien relató la angustiante situación que atraviesan numerosas familias. Según denunció, los trabajadores no reciben respuestas concretas sobre su situación contractual ni tampoco han sido indemnizados para poder avanzar en un eventual traspaso hacia la empresa Velitec.
“Hoy los dejan quince días sin goce de sueldo cuando las familias tienen alquileres, cuentas y necesidades que afrontar. En lugar de ayudarlos, los están hundiendo cada vez más”, expresó.
La mujer también cuestionó la falta de respuestas tanto de la empresa como de los representantes sindicales. “Hace días que no atienden teléfonos y en el sindicato tampoco están brindando respuestas. Los trabajadores merecen explicaciones”, reclamó.
Las denuncias cobran especial relevancia porque contradicen el mensaje de tranquilidad que intentó transmitir el gobernador durante las últimas semanas. Lejos de una solución definitiva, los testimonios que surgen desde el propio sector muestran que todavía existen trabajadores sin certezas sobre su continuidad laboral, sin ingresos garantizados y atrapados en una disputa entre empresas que parece desarrollarse por encima de quienes sostuvieron durante años la producción petrolera fueguina.
La situación también vuelve a poner el foco sobre el proceso de transferencia de las áreas petroleras y el rol de Terra Ignis en las negociaciones. Mientras el Gobierno insiste en presentar la operación como una oportunidad para la provincia, crecen las preocupaciones por el impacto social que podrían tener las decisiones adoptadas durante la transición.
“Los trabajadores no tienen por qué pagar las consecuencias de decisiones empresariales o sindicales”, señaló la denunciante, reflejando el sentimiento de muchas familias que observan cómo pasan los días sin respuestas concretas.
Detrás de cada puesto de trabajo en riesgo hay una familia, hijos, alquileres, créditos y obligaciones que no esperan los tiempos de las negociaciones políticas ni empresariales. Por eso, mientras desde los despachos oficiales se habla de soluciones, en los hogares petroleros la incertidumbre sigue siendo una realidad cotidiana.
Y esa realidad, al menos por ahora, parece desmentir el relato oficial de un conflicto resuelto.
