Polo Sur
Del discurso oficial a la realidad de los telegramasApenas horas después de que el gobernador Gustavo Melella afirmara que el conflicto petrolero estaba "solucionado" y que "todos los trabajadores que pedía el gremio fueron tomados", la realidad volvió a golpear la puerta de los yacimientos fueguinos.
Según denunció el Sindicato de Petróleo y Gas Privados de Tierra del Fuego, más de 90 trabajadores de empresas contratistas podrían recibir telegramas de suspensión y eventual despido como consecuencia directa del proceso de salida de YPF y el ingreso transitorio de Velitec junto a Terra Ignis.
La situación genera una fuerte contradicción entre el relato oficial y lo que efectivamente ocurre en el terreno. Mientras el Gobierno provincial intenta transmitir tranquilidad, los trabajadores denuncian incertidumbre, reducción de dotaciones y un proceso de ajuste que amenaza el sustento de decenas de familias fueguinas.
La salida de YPF era conocida desde hace meses.
Sin embargo, a pocos días del traspaso operativo, todavía no existe un esquema claro sobre cómo se sostendrán los puestos de trabajo, qué inversiones realizará la nueva operadora y cuál será el futuro de las áreas hidrocarburíferas más importantes de la provincia.
El propio gobernador reconoció que los contratos vigentes con las contratistas no continuarán bajo las mismas condiciones porque "YPF tenía un bolsillo de payaso".
La frase, lejos de aportar tranquilidad, terminó confirmando lo que el gremio viene denunciando: que la nueva estructura operativa pretende funcionar con menos personal y menores costos.
En otras palabras, el ahorro que buscan Velitec y Terra Ignis podría terminar financiándose con despidos.
Cuando el Gobierno impulsó la creación y fortalecimiento de Terra Ignis, prometió soberanía energética, participación provincial y control estratégico de los recursos hidrocarburíferos.
Sin embargo, frente a la primera gran crisis de magnitud, la empresa estatal aparece cuestionada por trabajadores, sindicatos y sectores políticos.
Las críticas apuntan a la falta de experiencia operativa, la ausencia de recursos financieros propios y la dependencia absoluta de decisiones tomadas por terceros actores.
Mientras tanto, el Gobierno provincial continúa sin explicar cómo garantizará la continuidad laboral de cientos de trabajadores ni qué plan existe para sostener la producción de gas en plena llegada del invierno.
Lo más preocupante es que el conflicto parece estar lejos de resolverse.
El gremio petrolero mantiene un fuerte estado de alerta y denuncia que detrás del discurso oficial existe una estrategia de reducción de personal que podría profundizarse durante las próximas semanas.
La incertidumbre alcanza no solamente a los trabajadores que hoy podrían perder su empleo, sino también a toda la cadena de contratistas, proveedores y comercios vinculados a la actividad hidrocarburífera de la zona norte.
Mientras el gobernador celebra una solución que todavía no se verifica en la realidad, los telegramas comienzan a aparecer.
Y cuando las palabras chocan contra los hechos, son los hechos los que terminan definiendo la credibilidad de una gestión.
Porque si realmente el conflicto estaba resuelto, resulta difícil explicar por qué más de 90 familias fueguinas se preparan para recibir una notificación de despido.
