Polo Sur
La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a propinarle un duro revés judicial al gobierno de Gustavo Melella, al rechazar la demanda presentada por la Provincia contra el Estado Nacional por el decreto 566/2019 vinculado al congelamiento transitorio del precio interno del petróleo. El fallo dejó expuesta una grave inconsistencia jurídica de la estrategia impulsada por el equipo legal provincial, que terminó reconociendo dentro del propio expediente que Tierra del Fuego nunca sufrió el perjuicio económico que había denunciado ante la Corte.
La causa había sido iniciada por la Provincia con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad del decreto nacional firmado durante el gobierno de Mauricio Macri, argumentando que el congelamiento del precio del crudo afectaba directamente las regalías hidrocarburíferas y producía pérdidas económicas para las arcas provinciales.
Sin embargo, el expediente terminó derrumbándose por una situación tan insólita como políticamente incómoda para el gobierno fueguino: la propia Provincia reconoció formalmente ante la Corte Suprema que nunca existió el daño económico que había denunciado.
La documentación incorporada al expediente en marzo de 2024 incluyó informes técnicos provinciales y una nota oficial de la AREF donde se afirmó expresamente que:
“la Provincia no ha sufrido perjuicio económico respecto de las regalías hidrocarburíferas por la aplicación del Decreto Nacional 566/19”.
Además, el propio informe oficial reconoció que:
“todas las empresas utilizaron el tipo de cambio definido por la normativa vigente para el pago de las regalías”.
Frente a ese reconocimiento, la Corte Suprema concluyó que no existía un “caso” o “causa” judicial que justificara la intervención del máximo tribunal y resolvió rechazar directamente la demanda de la Provincia.
El fallo representa un fuerte golpe político e institucional para la gestión de Melella, no solo por la derrota judicial en sí misma, sino por la impericia jurídica que quedó expuesta a lo largo del expediente. La situación deja al descubierto que la Provincia sostuvo durante años una demanda basada en un supuesto perjuicio económico que finalmente terminó negando mediante sus propios informes técnicos oficiales.
La resolución también vuelve a poner bajo cuestionamiento el funcionamiento del aparato jurídico provincial y la estrategia de litigios impulsada por el Ejecutivo fueguino, que en los últimos meses acumula crecientes reveses judiciales y fuertes cuestionamientos institucionales entre la judicialización mal lograda por el equipo legal y técnico por la intervención del puerto de Ushuaia, sumado a la judicialización de la reforma constitucional.
El dato político más delicado es que la Provincia insistió con la continuidad de la causa incluso después de vencido el decreto cuestionado y pese a que ya existían elementos internos que demostraban que el daño económico denunciado nunca se había producido.
Finalmente, la Corte resolvió rechazar la acción declarativa presentada por Tierra del Fuego y cerrar el expediente, dejando una nueva derrota judicial para la administración provincial y una señal preocupante sobre la calidad técnica y jurídica de las decisiones impulsadas por el entorno legal del gobierno fueguino.
