Polo Sur
El reciente anuncio del acuerdo entre el Banco de Tierra del Fuego (BTF) y el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) se presenta como una herramienta para impulsar la inversión productiva. Sin embargo, leído en contexto, no es una política de desarrollo: es la reedición de un esquema que ya fracasó. Porque detrás del diseño financiero —70% crédito, 30% aportes no reembolsables— aparece nuevamente una figura que en Tierra del Fuego ya no genera expectativas, sino desconfianza: Maximiliano D’Alessio.
No se trata de una discusión ideológica, sino de antecedentes concretos. Durante más de seis años, D’Alessio estuvo vinculado a una serie de iniciativas que prometían transformar la matriz productiva de la provincia y que terminaron en la nada. El puerto de Río Grande, el polo petroquímico, las plantas de urea y amoníaco, el hidrógeno verde, la generación eólica, el interconectado eléctrico: todos proyectos anunciados como estratégicos, todos inconclusos. El resultado no es abstracto: es pérdida de tiempo, oportunidades desperdiciadas y una economía que hoy muestra señales de retroceso, con impacto directo en el empleo y en las expectativas de desarrollo.
En ese marco, el nuevo esquema de financiamiento no genera confianza, sino preocupación. Porque no hay información clara sobre los criterios de asignación de los fondos, ni sobre los mecanismos de control, ni sobre cómo se medirá el impacto real de estos recursos. El FAMP, concebido como una herramienta estratégica para diversificar la economía fueguina, aparece una vez más como una caja de financiamiento sin trazabilidad suficiente, mientras que el BTF asume un rol que lo expone: canalizar crédito subsidiado en un contexto donde el riesgo no está adecuadamente explicitado.
El problema de fondo es más profundo. No estamos frente a una política innovadora, sino ante una lógica reiterada: anuncios ambiciosos, instrumentos financieros atractivos en lo formal y una ejecución que históricamente no se traduce en resultados concretos. Y cuando eso ocurre, el costo no lo paga quien diseña el esquema, sino la provincia en su conjunto. Recursos públicos comprometidos, proyectos que no despegan y una estructura productiva que sigue sin diversificarse.
Además, el propio objetivo implícito del esquema confirma la debilidad del planteo. No se habla de expansión ni de salto cualitativo en la economía fueguina. Se habla, en el mejor de los casos, de sostener o recomponer niveles de actividad. Es decir, administrar el retroceso, no revertirlo. Y eso es consistente con el historial reciente: una gestión que prometió desarrollo y terminó gestionando la caída.
La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué ahora sería distinto? ¿Qué elemento concreto permite suponer que quienes no lograron materializar ninguno de los grandes proyectos productivos de la provincia podrán ahora garantizar resultados? Sin respuestas claras, el acuerdo BTF–FAMP no aparece como una solución, sino como un nuevo capítulo de una misma historia.
Tierra del Fuego ya no está en condiciones de seguir financiando promesas. Necesita planificación, ejecución y resultados verificables. Todo lo demás —incluidos los anuncios rimbombantes y los esquemas financieros sin transparencia— forma parte de un problema que la provincia ya conoce demasiado bien.
