Polo Sur
El intento del gobernador Gustavo Melella de avanzar contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto “Nené” Löffler, terminó en un fracaso categórico. El Consejo de la Magistratura resolvió dejar sin efecto la denuncia presentada por el Ejecutivo provincial al considerar que no reunía los requisitos mínimos para habilitar un proceso de enjuiciamiento.
La resolución es contundente. Tras analizar la presentación, el órgano competente concluyó que los hechos invocados “no configuran causal de enjuiciamiento” y calificó la denuncia como “infundada y jurídicamente improcedente”. No se trata de una interpretación política, sino de la conclusión formal del organismo encargado de evaluar la conducta de magistrados en la provincia.
Lejos de evidenciar un caso sólido, el expediente dejó al descubierto la debilidad de los argumentos utilizados. Según consta en el acta, varios de los planteos ya habían sido tratados previamente en sede judicial y descartados por el propio Superior Tribunal de Justicia. Es decir, no solo carecían de entidad, sino que reiteraban cuestionamientos que ya habían fracasado.
Uno de los puntos centrales de la falsa denuncia también fue desestimado de manera categórica. El Consejo sostuvo que las opiniones jurídicas, la participación en ámbitos académicos o la producción doctrinaria de un magistrado no constituyen causal de enjuiciamiento, desarmando así uno de los ejes principales de la acusación. La pretensión de sancionar a un juez por sus posturas jurídicas fue considerada incompatible con principios básicos como la independencia judicial y la libertad de expresión.
En cuanto al supuesto retardo en la tramitación de causas, el organismo fue igualmente claro. Señaló que no existió demora indebida ni conducta dolosa, y que las actuaciones estaban disponibles en formato electrónico. Además, remarcó que, tratándose de expedientes de alta complejidad institucional, los tiempos de análisis responden a la propia dinámica del proceso judicial.
El resultado final no dejó margen para dudas. La denuncia no solo fue rechazada, sino que ni siquiera logró superar el umbral mínimo necesario para avanzar hacia una instancia de juicio político.
En ese contexto, el episodio abre un interrogante inevitable sobre la intencionalidad de la presentación. Lo que se presentó como una denuncia de gravedad institucional terminó evidenciando una ofensiva sin sustento técnico, que buscó trasladar al plano disciplinario un conflicto previamente resuelto en la Justicia.
La decisión del Consejo de la Magistratura no solo cerró el caso. También dejó asentado un límite claro: la independencia del Poder Judicial no puede ser vulnerada a partir de planteos carentes de fundamento.
Con esta resolución, la ofensiva impulsada por el Ejecutivo provincial quedó definitivamente desactivada. Y el resultado es inequívoco: el intento de avanzar contra el juez Löffler terminó en una derrota política y jurídica para el gobierno de Gustavo Melella.
