Polo Sur
En Tierra del Fuego ya no alcanza con mirar los discursos, hay que mirar las decisiones.
Mientras el gobernador Gustavo Melella construye un relato de confrontación con el gobierno nacional y denuncia el impacto del modelo económico sobre la industria fueguina, en los hechos su gestión acaba de avanzar en una definición que va exactamente en sentido contrario, habilitar el ingreso de actores vinculados al entramado político y empresarial que hoy rodea al oficialismo nacional en un área estratégica como la energía.
Esta ya no es una interpretación o una opinión, es lo que muestran los hechos.
La empresa Velitec S.A., elegida para operar áreas hidrocarburíferas clave a partir del proceso impulsado por Terra Ignis, está encabezada por Facundo Aráoz, hijo de uno de los históricos operadores del menemismo en el sector energético. Pero además, la firma ya ha tenido vínculos y asociaciones con figuras de peso dentro del negocio petrolero alineadas con el modelo que hoy impulsa el gobierno nacional.
Es decir:
No se trata de un actor neutro, se trata de un actor con inserción política clara en el mapa energético argentino y es ahí donde aparece la contradicción que el gobierno provincial no logra explicar.
Porque mientras se denuncia públicamente un modelo económico que —según el propio oficialismo— perjudica a la industria fueguina, en simultáneo se abre la puerta para que ese mismo esquema avance sobre los recursos naturales de la provincia.
No es un tema menor, estamos hablando de áreas hidrocarburíferas estrategias para los fueguinos, estamos hablando de petróleo y gas, estamos hablando, en definitiva, de poder económico real.
La justificación oficial se apoya en conceptos técnicos: “continuidad operativa”, “recuperación de áreas maduras”, “atracción de inversiones”.
Pero la discusión en este punto ya no es técnica, es política. Porque en ese proceso participaron múltiples empresas, y sin embargo, la adjudicación terminó en manos de una firma que, más allá de su trayectoria, se destaca por sus vínculos en el entramado político-empresarial que hoy tiene influencia directa en la política energética nacional.
Entonces la pregunta es inevitable, ¿fue una decisión técnica o una decisión política?, y más aún ¿qué intereses se priorizaron en esa decisión?
El problema no es solo a quién se eligió, el problema es lo que eso representa, porque cuando una provincia como Tierra del Fuego —con una estructura productiva frágil y altamente dependiente— cede la operación de sus recursos estratégicos, no está tomando una decisión menor.
Está definiendo su futuro y en ese punto, la incoherencia es evidente, no se puede construir un discurso de defensa de la industria fueguina mientras se habilita, en los hechos, el avance de actores alineados con un modelo que esa misma gestión dice cuestionar.
Claramente el discurso del gobernador Melella va por un lado y sus decisiones por otro.
