La deuda que el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego mantiene con el Municipio de Ushuaia por fondos de coparticipación alcanzó en enero de 2026 su nivel más alto de los últimos años y encendió todas las alarmas en la capital fueguina. Según información económica publicada por el medio El Delivery, el monto adeudado superó los 9.000 millones de pesos, con demoras en las transferencias que volvieron a ubicarse cerca de los 30 días.
Actualidad05/02/2026
Polo Sur
Los registros oficiales muestran que el incremento del monto adeudado está directamente vinculado con la acumulación de días de atraso en los pagos mensuales, una situación que se viene repitiendo y profundizando con el correr del tiempo, comprometiendo de manera directa la previsibilidad financiera del municipio.
Durante 2024, la deuda tuvo un comportamiento fluctuante. A comienzos del año superaba los 3.500 millones de pesos, con demoras cercanas a los 27 días. En febrero se registró uno de los primeros picos, cuando el atraso superó los 4.000 millones y los pagos se demoraron más de un mes. Luego hubo una reducción progresiva que tocó su punto más bajo en mayo, pero la tendencia volvió a revertirse en la segunda mitad del año. Diciembre cerró con una deuda cercana a los 3.900 millones y más de 16 días de atraso.
El escenario se agravó notablemente durante 2025. Aunque enero comenzó con una deuda menor, de poco más de 2.600 millones de pesos, a partir de los meses siguientes el crecimiento fue sostenido. Desde mayo el monto volvió a superar los 4.000 millones y continuó escalando durante el segundo semestre, hasta cerrar el año por encima de los 8.300 millones, con demoras que nuevamente se aproximaron a los 30 días.
La información correspondiente a enero de 2026 confirma y profundiza esa tendencia. En ese mes, la deuda de coparticipación con Ushuaia superó los 9.000 millones de pesos, mientras que los días de demora se ubicaron por encima de los 28. Se trata del valor más alto de toda la serie analizada y refleja que el atraso no solo persiste, sino que continúa acumulándose.
Desde el Municipio de Ushuaia, una fuente calificada consultada por El Delivery calificó el monto adeudado como “insostenible” y advirtió sobre las consecuencias directas que esta situación genera en la administración local. “Si el Gobierno sigue en esta postura, los servicios del municipio se van a ver muy comprometidos”, señalaron.
La preocupación también alcanza al pago de los salarios municipales. Ante la consulta puntual sobre la posibilidad de cumplir con esa obligación en tiempo y forma, la respuesta fue contundente: “Hoy no hay nada garantizado”. El retraso en la coparticipación impacta de manera directa sobre la disponibilidad de recursos corrientes, afectando el normal funcionamiento del Estado municipal.
Coparticipación por goteo y retenciones indebidas
Cabe recordar que la coparticipación a los municipios se transfiere bajo un sistema de goteo diario, lo que implica que los fondos no son discrecionales ni pueden ser retenidos, utilizados para otros fines o administrados según conveniencias financieras del Gobierno provincial. Se trata de recursos que pertenecen a los municipios y que deben ser girados automáticamente conforme lo establece la normativa vigente.
En ese marco, la acumulación de atrasos y la utilización transitoria de esos fondos por parte de la Provincia no solo genera un perjuicio financiero, sino que abre un serio interrogante institucional sobre el respeto a la autonomía municipal y al principio de legalidad en la administración de los recursos públicos.
Una tensión política que se profundiza
El crecimiento sostenido de la deuda, que en poco más de dos años prácticamente se triplicó, vuelve a exponer un escenario de tensión creciente entre el Gobierno provincial y el Municipio de Ushuaia, con impacto directo en la gestión cotidiana de la ciudad. La falta de previsibilidad financiera, sumada al contexto económico general, limita la capacidad de planificación y obliga al Ejecutivo municipal a administrar en permanente estado de emergencia.
Mientras el atraso en las transferencias se mantiene y los montos adeudados siguen en aumento, el conflicto deja de ser solo contable y adquiere una dimensión política e institucional cada vez más marcada. En juego no están únicamente los números, sino la prestación de servicios esenciales, el pago de salarios y el funcionamiento mismo del Estado municipal en la capital fueguina.
El intendente de Río Grande advirtió que «sin orden y planificación se habilita el avance sobre los recursos fueguinos.»
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El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia quedó definitivamente fuera del ámbito judicial local tras el dictamen del fiscal de la Justicia Federal. La decisión no solo encamina la causa hacia la Corte Suprema, sino que también dejó al descubierto una estrategia legal cuestionada, que incluyó una presentación externa valuada en unos 60 mil dólares, más de $87 millones de pesos, solventada con fondos públicos, una de los tantos gastos innecesarios por la gestión del gobernador Melella fueguino en los últimos años.
El presidente de Estados Unidos desmintió haber mantenido una relación de amistad con el fallecido financista, quien fue acusado de tráfico sexual de menores, y advirtió que iniciará acciones legales contra el escritor Michael Wolff, a quien acusa de conspirar para dañarlo políticamente.
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Las declaraciones del fin de semana del gobernador Gustavo Melella, en las que reconoció que la Obra Social del Estado Fueguino no tiene recursos suficientes para sostenerse, desataron una respuesta furiosa y dolorosa. No llegó desde la oposición política, sino desde el lugar más incómodo para el poder: una hija que perdió a su padre esperando respuestas del Estado.
El Gobierno Nacional informó la semana pasada que giraría $ 100.000 millones para más de mil asociaciones para combatir los incendios forestales. Desde Chubut reportaron que no se trata de una ayuda adicional, sino que corresponde a una deuda del 2025.
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La producción de gas natural en Tierra del Fuego atraviesa uno de sus momentos más críticos en más de dos décadas. Según datos oficiales procesados por el Instituto Provincial de Análisis, Investigación, Estadística y Censos (IPIEC), la extracción del recurso registró una caída interanual del 43%, un dato que no solo confirma la tendencia descendente de los últimos años, sino que expone la profundización de un retroceso estructural sin señales claras de recuperación en el corto plazo.
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