LA ESCUELA PROVINCIAL N°17 DE SAN SEBASTIÁN CELEBRÓ SU 40° ANIVERSARIO

La intervención del Puerto de Ushuaia expone las consecuencias de un modelo de gestión provincial sin planificación ni previsibilidad. En Tierra del Fuego, gobernar sin rumbo tiene costos concretos en trabajo, educación, salud e institucionalidad, que hoy paga la sociedad fueguina.

Las medidas de emergencia del establecimiento se dan en medio del estancamiento económico y la caída del consumo de carne.

La llegada a Ushuaia de un avión oficial del aparato de defensa de Estados Unidos, rodeada de hermetismo y sin explicaciones públicas, reaviva las alertas sobre el rol estratégico de la ciudad y suma un elemento inquietante al reciente proceso de intervención del Puerto. Con antecedentes internacionales que muestran que estas visitas suelen anticipar acuerdos de acceso y control logístico, el silencio oficial alimenta una sospecha inevitable: ¿se está reordenando el Puerto de Ushuaia como antesala de negociaciones geopolíticas que comprometen intereses estratégicos y soberanos de Tierra del Fuego?

Los indicadores de confianza en el Gobierno muestran una nueva baja en enero, en un contexto de crisis económica que condiciona a la gestión de Javier Milei.

En los últimos días se concretó el inicio del hormigonado de la estructura, una instancia fundamental que permitirá avanzar próximamente con la colocación de la estructura metálica del edificio y dar forma definitiva al proyecto.

Los cortes de agua y la baja presión ya no son hechos excepcionales en Ushuaia, sino una postal cotidiana de la mala gestión. Con comunicados casi diarios y barrios enteros afectados durante horas, el fracaso del organismo a cargo del servicio expone a funcionarios que, tras años en sus cargos, siguen sin garantizar un derecho básico. La falta de agua dejó de ser un problema técnico para convertirse en un símbolo del Estado que no funciona.

Un informe advierte que la estabilización macro no logra reactivar la economía real. La industria sigue en recesión, las ventas se desploman y la obra pública está virtualmente paralizada. El ajuste del Estado explica casi todo el superávit.

Mientras las cárceles de Tierra del Fuego operan al 158 % de su capacidad, el jefe de Gabinete Jorge Canals acumula anuncios, emergencias y promesas que no se traducen en soluciones reales, y el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, permanece al frente de un sistema colapsado. Entre parches, discursos y proyectos que no avanzan, la crisis carcelaria se profundiza y deja al descubierto una gestión que promete mucho y resuelve poco.