El banco público provincial, que debería ser una herramienta de desarrollo e inclusión financiera, parece haber invertido su lógica: miles de trabajadores fueguinos cobran allí sus haberes de manera prácticamente obligada, pero acceden a créditos más caros y menos competitivos que los ofrecidos por entidades nacionales. Lejos de democratizar el acceso al financiamiento, el sistema termina consolidando clientes cautivos con beneficios limitados, alimentando una paradoja incómoda: una banca pública que, en lugar de proteger a sus propios usuarios, reproduce condiciones que dificultan su bienestar económico.
