Polo Sur
La situación institucional de Terra Ignis sumó un nuevo y grave capítulo. La abogada Ana Costanza Carro, ex síndica designada por la Legislatura provincial, confirmó que los balances correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 no fueron presentados porque se le impidió acceder a la información necesaria para cumplir su función de control. La afirmación no es menor: deja a la empresa estatal sin estados contables aprobados durante dos años consecutivos.
Carro aclaró que no renunció a su cargo, sino que su mandato finalizó el 31 de diciembre de 2025, conforme lo establece la normativa vigente. En ese marco, explicó que solo pudo presentar el informe y balance del ejercicio 2023, el único período en el que logró ejercer plenamente la sindicatura. “Los ejercicios 2024 y 2025 no se presentaron porque se me ha impedido fiscalizarlos”, sostuvo con contundencia.
La ex síndica afirmó además que la situación fue formalmente informada a la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas, a la Inspección General de Justicia y a la propia Legislatura, dejando constancia documental de los impedimentos sufridos. Pese a ello, hasta el momento no hay respuestas ni explicaciones públicas sobre por qué se bloqueó el control interno de una empresa estatal estratégica.
Durante la entrevista radial, Carro subrayó que la sindicatura cumple un rol estrictamente técnico y legal, no político, y que su responsabilidad es controlar la legalidad de los actos del directorio. Precisamente por eso, remarcó su preocupación por deslindar responsabilidades ante eventuales investigaciones futuras, dejando asentado que no avaló ni tuvo acceso a decisiones ni números que hoy permanecen fuera de la vista pública.
La gravedad del cuadro es evidente: Terra Ignis opera sin balances aprobados de 2024 y 2025, en un contexto donde la empresa está llamada a asumir áreas hidrocarburíferas, administrar recursos millonarios y comprometer fondos públicos. La falta de control, transparencia y rendición de cuentas no es un detalle administrativo: es una alerta institucional que compromete la legalidad de su funcionamiento.
En una provincia atravesada por déficits, promesas incumplidas y decisiones estratégicas sin respaldo técnico, el caso Terra Ignis expone algo más profundo: una empresa estatal clave operando sin control efectivo, con balances ausentes y con una sindicatura a la que se le cerraron las puertas. Un escenario que exige explicaciones urgentes y responsabilidades claras.
