PoloSur
Esta medida parece alinearse con los intereses estadounidenses, ya que se enmarca dentro de un conjunto de acciones similares. El 25 de junio, Argentina formalizó su adhesión a Pax Silica, una iniciativa del Departamento de Estado que se presenta como su “iniciativa insignia” en materia de inteligencia artificial y seguridad en la cadena de suministro. Posteriormente, el 22 de octubre, durante una reunión en el Palacio San Martín entre el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado Christopher Landau, se anunció un aporte de 15 millones de dólares por parte de Estados Unidos para establecer un centro de operaciones de ciberseguridad, así como un programa destinado a la sustitución gradual del equipamiento chino en las redes estatales. Finalmente, el 2 de noviembre, Walter Fabián Agüero asumió la dirección del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) y tres días después firmó la disposición que establece estas restricciones.
Huawei, la empresa más afectada por esta resolución, expresó su sorpresa y preocupación ante la medida. En un comunicado, la compañía indicó que “la publicación de esta resolución, cuyos requisitos limitan de hecho la participación de proveedores con décadas de trayectoria y cumplimiento en el país”, ha generado inquietud. Además, anunciaron que “evaluarán con sus equipos legales todas las alternativas a su alcance”.
Por su parte, las cooperativas del sector han manifestado su descontento de manera más específica. La Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur), a través de su presidente Antonio Roncoroni, afirmó que “nadie nos consultó antes de dictarla”. Según la federación, esta disposición “pone en riesgo la conectividad del interior” y advierte que, si se extiende a empresas privadas, varios fabricantes que han colaborado en la construcción de sus redes podrían quedar excluidos sin que se haya evaluado ningún equipo.
La inquietud se extiende a todo el sector de telecomunicaciones. Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), comentó que “la medida, tomada de manera inconsulta, sin la participación de la industria, ha generado preocupación en todo el arco de actores, desde los grandes operadores a las cooperativas y pequeños y medianos ISPs”. Graizer explicó que el artículo 9 de la disposición abre “la puerta a trasladarle a todo el ecosistema de telecomunicaciones un estándar excluyente que consideramos perjudicial para la infraestructura digital de Argentina”.
“La neutralidad tecnológica es un principio rector central que siempre hemos defendido como cámara, por eso consideramos que no se puede regular sobre la infraestructura desconociendo la realidad técnica y económica sobre la que está montada la conectividad en el país”, expresó. Según Graizer, la nueva norma introduce una distorsión y una carga burocrática adicional que limita la libre elección de equipamiento, al someter la infraestructura a un único sello privado que no se basa en una evaluación técnica real de los equipos.
La disposición, firmada por el titular del CNC, clasifica el equipamiento en cuatro niveles: crítico, elevado, moderado y reducido. Para los dos primeros niveles, el proveedor debe demostrar que el fabricante cuenta con la certificación de su sistema de gestión de la cadena de suministro de acuerdo con la norma de la Telecommunications Industry Association (TIA). El anexo aclara que no se aceptarán otras certificaciones como equivalentes.
Tomás Pomar, miembro del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), indicó que la disposición exige “la ignota certificación TIA SCS 9001, sin admitir esquemas equivalentes. La asociación que gestiona esa certificación aplica criterios de elegibilidad basados en listas del gobierno estadounidense, entre ellas la de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que incluye equipos de Huawei y ZTE”, explicó a Letra E. “Esto implica que una decisión adoptada en EE.UU. puede excluir a ciertos fabricantes de las contrataciones públicas en Argentina”.
Además, la disposición se enmarca dentro de una tendencia más amplia en la que los requisitos de seguridad tecnológica también actúan como condiciones para acceder a los mercados. “El Reino Unido ordenó la retirada de los equipos de Huawei de sus redes 5G, mientras que Estados Unidos ha restringido la importación y venta de ciertos vehículos conectados y componentes relacionados con China o Rusia. Incluso, en el ámbito de la inteligencia artificial, la transición del AI Safety Institute al AI Security Institute refleja el creciente enfoque en la seguridad nacional en la agenda británica. En Argentina, la relación con la política estadounidense es concreta”, afirmó Pomar.
La particularidad de esta normativa radica en que la TIA es una cámara privada que representa a la industria estadounidense. Su política de restricciones excluye de la certificación a cualquier empresa que esté incluida en la lista de equipos restringidos de la FCC o en las listas de entidades del Departamento de Comercio. En este contexto, el Estado argentino está implementando un estándar que proviene directamente de Washington, en el marco de la tensión existente entre China y Estados Unidos. Por esta razón, la norma en cuestión permite que la industria exprese su objeción. En sus fundamentos, se reconoce que la certificación verifica las prácticas de fabricantes y proveedores “sin sustituir la evaluación técnica del equipamiento”. Fecosur, por su parte, sostiene que la seguridad “debería medirse como se hace en el mundo: utilizando normas internacionales y realizando pruebas a los equipos, de manera equitativa para todos”.
Actualmente, la exigencia es de cumplimiento obligatorio únicamente para el Sector Público Nacional, lo que incluye a las empresas estatales. Sin embargo, si el Enacom decide incorporar esta normativa a la homologación de equipos y a las obligaciones de los licenciatarios, “esto afectará a todas las cooperativas y pymes del país”, advierte Fecosur. Los grandes operadores ya han tomado precauciones, al menos en lo que respecta a la nueva red. Aunque Huawei tiene una presencia significativa en las redes 4G de Claro y Personal, ambas compañías han diseñado el núcleo de su red 5G utilizando tecnología de Nokia y Ericsson, con el objetivo de disminuir su exposición a las restricciones impuestas por Estados Unidos.
Las cooperativas y los proveedores más pequeños no han tenido esa posibilidad. “Las redes de telecomunicaciones de Argentina no se construyeron de la noche a la mañana, sino que son el resultado de décadas de inversión de capital propio en equipamiento probado, homologado, que funciona y que ya ha sido pagado”, afirmó Graizer. “Un proveedor de servicios de Internet en una localidad del interior no cuenta con la capacidad financiera para reemplazar equipamiento que actualmente opera de manera óptima, ni puede asumir costos adicionales por una certificación que encarece la tecnología sin ofrecer una mejora tangible en la seguridad de los dispositivos”.
Fecosur advierte sobre las posibles consecuencias si se avanza con esta normativa para el resto de las empresas: “Una norma que dificulte la ampliación, reposición de un equipo dañado o renovación no mejora la seguridad de nadie y podría perjudicar la conectividad”.
Nueve días antes de la disposición, durante la apertura de las Jornadas Internacionales de ATVC, Fornelli resaltó la importancia de las pymes del sector, que realizaron inversiones a su propio riesgo. En la actualidad, estas empresas son las más vulnerables a las nuevas regulaciones.
La federación solicita una mesa de trabajo con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el CNC y el sector antes del 5 de febrero de 2027, fecha en la que vence el plazo de 90 días para clasificar las redes afectadas. Cabase también pide lo mismo: “Sentarnos a una mesa de diálogo técnico y abrir una consulta pública antes de que el Enacom tome cualquier determinación sobre los licenciatarios”.
En Estados Unidos, la FCC estimó que el costo para reemplazar los equipos de Huawei y ZTE en las redes de pequeños operadores, muchos de ellos rurales, asciende a 4.980 millones de dólares. Con los primeros fondos aprobados, estas empresas solo recibieron el 39,5% de lo que realmente necesitaban. Además, la FCC advirtió que en las áreas donde son el único proveedor, el cierre de sus redes podría dejar a regiones enteras sin servicio.
En Argentina no existe un fondo equivalente a lo que se observa en Estados Unidos. Sin embargo, hay 15 millones de dólares que Washington anunció el 22 de octubre para un centro de operaciones de ciberseguridad del CNC en la sede de ARSAT.
La exclusión de ciertos proveedores no es un fenómeno aislado. Alemania ha obligado a sus operadores a retirar los componentes de Huawei y ZTE del núcleo de sus redes 5G antes de finales de 2026, pero esta decisión fue tomada por el propio Estado alemán, con plazos negociados con las empresas. En contraste, Argentina opta por delegar el filtro a un sello privado estadounidense.
En Costa Rica, un decreto de 2023 excluyó a los proveedores chinos del 5G. Huawei impugnó esta decisión en la Justicia, pero la Sala Constitucional desestimó su amparo y en 2025 un tribunal rechazó su solicitud de medida cautelar.
La decisión oficial ha sido objeto de cuestionamiento por parte de toda la industria, que exige una instancia de diálogo antes de que el filtro se aplique a las redes privadas. Mientras tanto, las cooperativas advierten que el costo de esta exclusión podría repercutir negativamente en la conectividad de las zonas del interior del país.
Fuente original: Letra P.
