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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una condena a Argentina por la violación de la independencia judicial en el contexto del juicio político que llevó a la destitución de Eduardo Moliné O’Connor de su cargo como juez de la Corte Suprema de Justicia en el año 2003. Esta destitución se justificó en base a un supuesto "mal desempeño" en el ejercicio de sus funciones. Según el fallo, la acusación formulada por el Congreso de la Nación para remover a Moliné O’Connor representó "en su conjunto un serio menoscabo a la independencia judicial". El tribunal también subrayó que las autoridades argentinas "negaron la autonomía que es imprescindible reconocer a las autoridades jurisdiccionales para el adecuado ejercicio de las funciones que les son propias".
El pronunciamiento de la Corte IDH se origina en el juicio político llevado a cabo en 2003 por la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, que culminó con la remoción del entonces juez del máximo tribunal. La Corte IDH consideró que el uso de resoluciones jurisdiccionales como base para la destitución comprometió la independencia judicial, un derecho protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su sentencia, el tribunal enfatizó que la garantía de la independencia judicial implica la prohibición de que un juicio político y la eventual destitución de un juez se fundamenten en el contenido de las decisiones que este ha dictado. Además, la Corte IDH advirtió sobre deficiencias en la fundamentación de diversas resoluciones adoptadas durante el proceso del juicio político, señalando que varias de ellas "carecieron de la motivación necesaria". También se destacó la falta de una respuesta judicial adecuada frente a los recursos que Moliné O’Connor presentó para impugnar su destitución, ya que las instancias judiciales no abordaron de manera adecuada los agravios planteados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también analizó las implicancias patrimoniales y previsionales derivadas de la destitución del ex juez Eduardo Moliné O'Connor. En este sentido, el tribunal determinó que la anulación de la pensión vitalicia que le correspondía al exmagistrado, como consecuencia de su remoción del cargo, constituyó una violación a sus derechos. El fallo subrayó que “la revocación de la pensión vitalicia dispuesta en razón de la destitución arbitraria de la que fue objeto el señor Moliné O’Connor conculcó sus derechos”. Asimismo, se constató que el proceso judicial que se inició para impugnar dicha decisión se extendió de manera injustificada durante más de diez años.
Como resultado de lo anterior, el tribunal concluyó que Argentina infringió los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, tal como se establece en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana. Además, se consideraron vulnerados los derechos políticos, a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, que están contemplados en los artículos 23.1.c), 21 y 26 del mismo documento, todos en relación con la obligación general de respeto y garantía estipulada en su artículo 1.1. El tribunal también concluyó que las violaciones constatadas tuvieron un impacto negativo en el proyecto de vida de Moliné O’Connor.
En cuanto a las reparaciones, la Corte IDH determinó que la sentencia en sí misma constituye una forma de satisfacción y ordenó al Estado argentino que regularice el régimen de la pensión que correspondía al exmagistrado. Además, se dispuso la publicación y difusión del pronunciamiento, así como el pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, junto con las costas y gastos que se establecieron en la decisión. Dado que Moliné O’Connor falleció en 2014, la responsabilidad del pago recaerá sobre su familia.
Finalmente, el tribunal indicó que corresponde a las autoridades nacionales interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución Nacional, que regula las atribuciones de la Cámara de Diputados en materia de juicio político, en conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares que se han desarrollado en su jurisprudencia. Este artículo establece que los miembros de la Corte Suprema pueden ser responsabilizados “por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones”; sin embargo, la Corte IDH aclaró que el marco jurídico interno debe especificar con claridad las causas que justifican la destitución.
Eduardo José Antonio Moliné O’Connor nació en Buenos Aires en 1938. Su carrera en la administración de justicia comenzó en 1956, cuando se incorporó al fuero Civil y Comercial. Se graduó como abogado en 1963 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria profesional, ocupó diversos cargos en el ámbito público, incluyendo posiciones en Obras Sanitarias de la Nación y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de ejercer en su propio estudio jurídico, donde brindó asesoramiento legal y trabajó en casos de relevancia.
En 1990, un decreto del entonces presidente Carlos Saúl Menem lo designó como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante su tiempo en el máximo tribunal, Moliné O’Connor integró, junto a Guillermo López, Adolfo Vázquez, Julio Nazareno y Antonio Boggiano, la denominada “mayoría automática”. Este grupo se caracterizó por sus pronunciamientos que convalidaban la política del gobierno menemista, lo que generó críticas y controversias en el ámbito judicial y político, ya que sus decisiones eran vistas como un respaldo a las políticas del Ejecutivo de aquel entonces.
Moliné O’Connor permaneció en su cargo hasta el 4 de diciembre de 2003, cuando el Senado lo destituyó con un resultado de 45 votos a favor y 19 en contra, en el marco de un juicio político por mal desempeño. En julio de 2024, veintiún años después de aquella decisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había fallado en contra del Estado argentino, considerando que se habían violado, entre otros, el principio de independencia judicial y el derecho a la protección judicial. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada este jueves, profundizó y formalizó esa condena en el ámbito interamericano, reiterando la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial en el país y subrayando la importancia de proteger los derechos de los jueces en el ejercicio de sus funciones.
Eduardo Moliné O’Connor falleció en Buenos Aires el 20 de agosto de 2014, a los 76 años. Su legado en el ámbito judicial y su trayectoria en la Corte Suprema continúan siendo objeto de análisis y debate en el contexto de la historia judicial argentina, así como su destitución, que marcó un hito en la relación entre el poder judicial y el poder político en el país.
El Tribunal Oral Federal 2 aprobó un acuerdo de juicio abreviado tras la confesión de responsabilidad del hijo mayor de Lázaro Báez ante los magistrados. Con esta decisión, el condenado deberá cumplir un total de siete años y nueve meses de prisión, resultado de la acumulación de la pena impuesta en la primera fase del proceso judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó asegurar el derecho a la educación inclusiva para una adolescente con discapacidad. Esta resolución se produjo luego de que una familia de Entre Ríos denunciara que las opciones ofrecidas por las autoridades educativas no garantizaban una trayectoria escolar adecuada para su hija. El tribunal exigió un nuevo pronunciamiento con carácter urgente.
En el marco del juicio contra Cristina Kirchner, se produjeron intercambios entre la fiscal y el custodio de la expresidenta. Diego Carbone, quien prestó declaración, se mostró sorprendido ante una pregunta de la fiscal: “¿Qué me está preguntando? ¿Si yo custodiaba a una persona cuando tomaba café?”.
Fuente original: Infobae Política.
