PoloSur
En enero de 2022, los hermanos Walter y Gilda Cividino se vieron obligados a cerrar su empresa, Química Rame, ubicada en Villa Luzuriaga, durante un mes debido a un bloqueo llevado a cabo por el Sindicato de Químicos de Avellaneda. Esta acción impidió que la empresa operara durante 10 días, lo que resultó en una pérdida estimada en más de 70 millones de pesos por lucro cesante. Durante el bloqueo, los activistas adoptaron actitudes intimidatorias, utilizando bombos, redoblantes, quemando neumáticos y colocando pancartas, además de proferir insultos y agresiones hacia los hermanos Cividino y su madre, de 75 años, quien estaba colaborando con ellos.
El conflicto surgió a raíz de una disputa entre el mencionado sindicato y el Sindicato de Químicos del Conurbano Sudoeste, relacionada con la afiliación de 10 de los 29 empleados de la empresa. Como consecuencia de las protestas, se produjeron 10 despidos y se inició una causa penal que fue finalmente archivada. Sin embargo, se presentó una demanda laboral que ahora ha dado lugar a un fallo significativo. Este fallo se opone a la decisión del juez de San Nicolás, Alejandro López, quien había absuelto a un líder del sindicato de Camioneros y a otros seis imputados, argumentando que el bloqueo a una pyme era parte del “legítimo ejercicio de un derecho”.
La semana pasada, cuatro años después de los incidentes, el Tribunal del Trabajo N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza desestimó la demanda de un trabajador de Química Rame que solicitaba indemnización por despido y protección sindical tras su participación en el bloqueo. Los jueces consideraron que la empresa tenía motivos válidos para despedirlo, ya que el operario no cumplía con los requisitos legales para acceder a fueros gremiales. Florencia Arietto, abogada de la empresa y actual senadora bonaerense por La Libertad Avanza, expresó a Infobae que este fallo es “muy importante”, subrayando que el bloqueo generó una causa penal que fue archivada no por la inexistencia de delito, sino por la imposibilidad de identificar a los responsables. Además, el tribunal concluyó que el trabajador no era delegado debido a que había realizado una elección fraudulenta y había excedido su derecho a huelga, impidiendo así el trabajo de la empresa.
En el análisis de la sentencia, los jueces Pedro Romano, Hernán Busetti y Marcelo Molaro se tomaron el tiempo necesario para diferenciar entre el derecho de huelga, protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y el bloqueo a las empresas, el cual consideraron como una figura distinta que carece de respaldo legal.
Para fundamentar su decisión, Molaro hizo referencia a doctrina especializada reciente. En el fallo, se define el bloqueo como la colocación de obstáculos físicos —como personas, vehículos, neumáticos en llamas y vallas— en los accesos a una empresa, con el objetivo de impedir la entrada y salida de personas y bienes. Esta forma de obstrucción se diferencia del piquete, que busca disuadir el ingreso de trabajadores a través de la información y la persuasión.
El tribunal laboral sostiene que “la acción de bloqueo configura una vía de hecho de carácter obstructivo del establecimiento que, por lo tanto, no puede homologarse a las huelgas ni considerarse una especie legítima de acción sindical”. Por esta razón, los magistrados concluyeron que “la imposición por la fuerza de la clausura del establecimiento o una paralización general de éste, más allá de la afectación de las actividades relacionadas con la suspensión de tareas que provoca legítimamente la huelga, es una extralimitación del daño no comprendida en la nocividad estructural propia de este derecho constitucional”.
En una afirmación contundente, el tribunal determinó: “El bloqueo no encuentra amparo en ninguna norma del ordenamiento jurídico nacional ni internacional; en absoluto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ni en el Convenio 87 de la OIT. Si bien en su artículo 3 proclama que las organizaciones de trabajadores (y de empleadores) gozan de libertad para ‘formular su programa de acción’, deja en claro en su artículo 8.1 que los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligadas a ‘respetar la legalidad’”.
El juez destacó que “la doctrina (de los órganos de control de la OIT) preserva, al mismo tiempo que la eficacia de la huelga, la intangibilidad de la libertad sindical individual negativa de los trabajadores no huelguistas, junto con la libertad de trabajo de éstos, como límites que las organizaciones sindicales y los trabajadores en huelga no pueden traspasar mediante métodos violentos como resulta ser el bloqueo de un establecimiento y la consecuente prohibición de ingreso al mismo”.
El reclamo judicial fue presentado por Silvio Chamorro, quien se desempeñó como chofer en la empresa desde el 12 de mayo de 2010 hasta el 12 de enero de 2022. Química Rame decidió su despido alegando pérdida de confianza. Chamorro rechazó las razones expuestas y demandó indemnizaciones que incluían, además del resarcimiento por despido común, una indemnización especial por estabilidad sindical, daño moral y otros conceptos.
No obstante, el tribunal desestimó todas las pretensiones del trabajador y le impuso las costas del proceso. Según la reconstrucción judicial, Chamorro participó activamente en un bloqueo que cerró los cuatro accesos a la planta durante más de una semana, donde los manifestantes colocaron vehículos en los portones, instalaron gazebos y quemaron neumáticos en la entrada de una empresa que almacena productos inflamables.
El juez Molaro, cuyo voto fue respaldado por los otros dos magistrados, enumeró las pruebas que lo convencieron de su decisión: las declaraciones de cinco testigos propuestos por la empresa, los testimonios recogidos por la fiscalía penal interviniente y dos actas notariales levantadas en el lugar durante los días del conflicto.
Entre los testimonios, el del escribano Marcelo Ariel Girola Martini fue considerado de especial relevancia por el tribunal. Girola Martini declaró que se presentó en el lugar el 29 de diciembre de 2021 a las 17 horas y constató que los cuatro accesos estaban bloqueados, con neumáticos quemados ya consumidos y vehículos impidiendo el ingreso. Regresó al día siguiente, el 3 de enero de 2022, a las 8 horas y observó que la situación se había agravado. “Cuando entré cortaron más la calle, la avenida Bufano. Esta gente no estaba adentro del lugar, sino que estaban en el exterior y lo que hacían era cortar la calle y bloquear los cuatro accesos a fin de impedir el ingreso al personal”, declaró ante la fiscalía penal.
La decisión adoptada por la empresa de despedir a Chamorro se sustentó en la pérdida de confianza que surgió a raíz de su participación en el bloqueo. El tribunal determinó que dicha conducta efectivamente constituía lo que la legislación califica como “injuria laboral”, lo que implica un incumplimiento grave que imposibilita la continuidad del vínculo laboral.
En su análisis, los magistrados consideraron que el bloqueo había impedido el ingreso de personas y mercancías durante varios días, lo que generó pérdidas económicas significativas para la empresa y afectó a trabajadores que no se sumaron a la medida. Varios testigos, entre ellos empleados administrativos y el jefe de planta, testificaron que durante más de una semana no pudieron acceder a sus lugares de trabajo.
El tribunal también evaluó la posición de Chamorro en el conflicto. El trabajador se presentó en la demanda como subdelegado general del sindicato, lo que lo posicionaba como uno de los organizadores de la medida de protesta. Esta circunstancia, según los jueces, descartaba la posibilidad de que hubiera actuado bajo presión o confusión respecto a la legalidad de las acciones que se estaban llevando a cabo.
“Los hechos probados constituyeron falta disciplinaria grave que justifican el despido patronal y denotan un comportamiento antisocial y reprochable del dependiente”, concluyó el voto del juez Molaro, al que los otros dos magistrados se adhirieron en su totalidad.
Chamorro también solicitó la indemnización especial que la ley prevé para los representantes gremiales, la cual es de entre 2 a 10 veces superior a la indemnización habitual. Para fundamentar su solicitud, alegó haber sido elegido subdelegado general en elecciones que se llevaron a cabo el 1° de octubre de 2021.
Sin embargo, el tribunal desestimó esa solicitud por dos motivos independientes, cada uno de los cuales es suficiente por sí solo para justificar la decisión. En primer lugar, se estableció que Chamorro no contaba con el año de afiliación mínima que la ley exige. El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y Zonas Adyacentes (SPIQyP), con sede en Avellaneda, informó en respuesta a un oficio judicial que el trabajador se había afiliado recién el 9 de febrero de 2021, es decir, ocho meses antes de la elección. La ley 23.551 estipula que se requiere un mínimo de 12 meses de antigüedad en la afiliación para poder postularse como candidato.
En relación a la validez de los comicios, se determinó que no se cumplieron las formalidades legales mínimas requeridas. Un testigo, propuesto por el propio Silvio Chamorro —quien también está involucrado en un juicio laboral contra la empresa— declaró que la votación se llevó a cabo fuera del horario laboral, en la vereda de la fábrica, sin urna, y que el sistema de votación fue cantado, además de que todo el proceso “no duró nada”.
La normativa establece que las elecciones sindicales deben realizarse en el lugar de trabajo, durante el horario laboral, y mediante un voto directo y secreto. Ninguna de estas condiciones se cumplió en este caso. “Resulta evidente a todas luces que en el presente caso no se ha dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en la norma obligatoria de aplicación, por lo que no cabe más que concluir que Silvio Chamorro no revestía la calidad de delegado de personal al momento de ser despedido”, se señala en el fallo.
En otras noticias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó que “no hay que partidizar, pero el Papa está haciendo una intervención en la realidad”. Esto lo comentó durante su recorrido por la basílica de Luján, en las horas previas a la llegada de León XIV, quien cerrará allí su histórica visita a Argentina. Kicillof añadió que “no sorprende lo que vino a decir”.
La visita del Papa a Córdoba fue un evento emotivo, donde cientos de miles de fieles se reunieron para renovar su fe. A pesar del calor agobiante y de una vigilia nocturna, la multitud mostró su devoción durante las ocho horas que León XIV estuvo en la provincia, convirtiendo el lugar en un “confesionario a cielo abierto”.
En el ámbito de la política, Karina Milei y Diego Santilli tienen programado un viaje a Corrientes para el jueves, donde se reunirán con autoridades provinciales. La secretaria General de la Presidencia y el jefe de Gabinete encabezarán actividades relacionadas con el plan de emergencia debido a las inundaciones que afectan al litoral. Javier Milei también tiene previsto asistir en dos semanas a un acto institucional.
La misa del Papa en Luján se perfila como un evento que reunirá a un amplio espectro del arco político, lo que podría poner en pausa las confrontaciones. Kicillof extendió invitaciones a gobernadores, intendentes y otros referentes políticos, y habrá presencia de ministros nacionales. El gobierno bonaerense se encargó de la logística para la misa que marcará el cierre de la visita de León XIV a Argentina, y se están organizando los detalles del operativo.
Por último, el Gobierno mantiene un optimismo cauteloso respecto a la reforma electoral, analizando diferentes escenarios y el futuro de las PASO.
A pesar de las diferentes posturas que existen dentro del oficialismo, desde el karinismo se manifiestan optimistas y confían en poder abordar el tema en las sesiones ordinarias.
No obstante, también mantienen una serie de alternativas preparadas en caso de que sea necesario considerar otras opciones.
Fuente original: Infobae Política.
