Polo Sur
El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, junto al Banco de Tierra del Fuego presidido por el proteño Fabián Musso quien ademas es abogado del ex presidente Alberto Fernandez, hicieron un anuncio electoral, con el lanzamiento de una nueva línea de créditos destinada a trabajadores estatales con deudas en mora. La iniciativa, presentada como una herramienta de alivio, fue rápidamente cuestionada por distintos sectores al considerarla un “espejismo” que no resuelve los problemas de fondo: la pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de una recomposición salarial real.
El crédito está dirigido a empleados de la Administración Central, Salud, Educación y Seguridad con deudas superiores a 30 días al 31 de agosto. Según se informó, contará con una tasa preferencial del 39,5% y un plazo de hasta 48 meses para cancelación. Para el gobernador Gustavo Melella, se trata de una respuesta frente a la “motosierra del Gobierno Nacional” y el fuerte ajuste que atraviesa la economía.
“Contra la motosierra del Gobierno Nacional lanzamos esta propuesta, una herramienta que ayuda a liberar el salario de nuestra gente y a moderar un poco el impacto tremendo que están teniendo las familias producto de las medidas económicas que toma el Presidente”, expresó Melella.
Sin embargo, la contradicción salta a la vista: el mismo gobierno provincial que denuncia los recortes de Milei ofrece como salida no una mejora salarial ni una defensa del poder de compra de los trabajadores, sino un crédito que endeuda aún más a los ya endeudados.
La paradoja se profundiza al conocerse que el presupuesto provincial 2026 incluirá un tope salarial para los trabajadores estatales, una medida que, en los hechos, congela los ingresos y los deja a merced de la inflación. El planteo es prácticamente idéntico al modelo de ajuste impulsado por el propio Milei a nivel nacional, al que Melella asegura enfrentar.
De esta forma, el plan crediticio funciona como un paliativo financiero que pone a los empleados públicos en un círculo vicioso: cubrir deudas viejas con nuevas obligaciones, aunque a una tasa más baja. El resultado es que el trabajador sigue dependiendo del banco para llegar a fin de mes, mientras sus salarios continúan licuándose frente a la inflación y los techos salariales impuestos desde el Ejecutivo provincial.
Así, Melella replica el modelo que dice criticar: en lugar de garantizar sueldos que acompañen el costo de vida, se limita a ofrecer instrumentos crediticios y un presupuesto restrictivo que maquilla la crisis, pero no la resuelve. En palabras de algunos trabajadores, “es un espejismo que no va a liberar al trabajador, solo lo ata a más cuotas y más deudas”.
La medida, sumada al tope salarial 2026, consolida al Estado provincial como garante del sistema financiero, pero deja de lado el reclamo central de los trabajadores fueguinos: una recomposición salarial urgente que devuelva dignidad al salario y evite que la única salida pase, una vez más, por endeudarse.
