PoloSur
La próxima Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) se llevará a cabo con el lema “Talento argentino, la fuerza que transforma” y estará presidida por Silvio Zurzolo, presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA). Esta asociación agrupa a diversas uniones industriales y a cinco parques industriales en la región. En la provincia, se percibe un impacto negativo del modelo económico actual, evidenciado por el índice manufacturero de Buenos Aires (ISIM), que muestra que la actividad industrial se encuentra un 9% por debajo de los niveles de 2023. Durante este tiempo, se han perdido cerca de 46.000 puestos de trabajo en el sector industrial y 1.600 empresas han cerrado.
Un empresario de una Unión Industrial del sur del conurbano comentó a Letra E que “que el presidente de la Conferencia sea Zurzolo es un dato político también”. En su rol como tesorero de la UIA, Zurzolo se ha posicionado como un defensor de las pymes industriales, advirtiendo sobre la caída de las ventas, el aumento de los costos, la competencia desleal de productos importados y las dificultades que enfrentan para acceder a financiamiento en condiciones favorables. En una conversación con Letra E, Zurzolo afirmó que “el Gobierno puede aportar mucho: impulsar una reducción coordinada de los impuestos entre Nación, provincias y municipios; facilitar crédito para inversión y modernización; mejorar infraestructura y garantizar una competencia con las mismas reglas para todos”.
Además, Zurzolo destacó la necesidad de implementar una política sostenida de educación que vincule escuelas técnicas, universidades y empresas con las necesidades productivas de cada región. También enfatizó la importancia de acompañar a las pymes para que puedan convertirse en proveedoras de grandes proyectos en los sectores de energía y minería, a través de capacitación, certificaciones y financiamiento. Por su parte, Martín Rappallini, presidente de la UIA, reiteró que la industria nacional es el “motor de la economía”, representando el 18% del producto bruto interno del país, contribuyendo con el 30% de la recaudación y generando el 20% del empleo directo en el país. Rappallini también solicitó al Gobierno que extienda las condiciones de promoción del Régimen de Incentivo a la Generación de Inversiones (RIGI) a la industria nacional ya establecida, pidiendo que se eliminen las “mochilas de piedras” que dificultan la competencia en igualdad de condiciones con las importaciones.
Un miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) afirmó que Martín Rappallini no parece estar en una situación de alerta, a pesar de que muchos sectores atraviesan serias dificultades. En abril, se llevarán a cabo elecciones en la UIA.
Zurzolo destacó que hay empresarios que se plantan y le hacen reclamos a Rappallini, mencionando a Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA y referente de la industria en Santa Fe; Claudio Drescher, de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria; Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado; y Elio del Ré, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), entre otros.
Existe una división en la UIA que, aunque es antigua, se ha intensificado debido al alineamiento de Rappallini con la administración libertaria, ya que las pequeñas y medianas empresas (pymes) afectadas por el modelo no sienten que sus demandas estén siendo representadas.
Grupos de gran poder que cuentan con influencia propia son los que determinan la línea editorial de Rappallini. Entre ellos se encuentran Paolo Rocca, emblemático de Techint; los miembros de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA); Arcor, de la familia Pagani; Ledesma, de la familia Blaquier-Arrieta; y otras empresas alimenticias como Molinos Río de la Plata, de Pérez Companc.
Fuentes del sector industrial indican que fue Alejandro Gentile, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y nuevo referente de Techint, quien promovió el nombramiento de Zurzolo al frente de la Conferencia, como una manera de dar protagonismo a quienes representan a los sectores más afectados.
En los últimos días, el Gobierno y Rappallini han acelerado la implementación de tres medidas que constituyen un primer paso para responder a los reclamos que la industria nacional ha sostenido en los últimos años.
El primer gesto fue la firma de un convenio marco entre la UIA y la Secretaría de Industria, encabezada por Pablo Lavigne, para colaborar en la lucha contra el contrabando, el fraude marcario, la falsificación y otras formas de comercio ilegal.
Este es un reclamo que se ha planteado para 2024; los empresarios estiman que el comercio ilícito representa aproximadamente el 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y provoca una pérdida fiscal calculada en 2.300 millones de dólares anuales.
Se busca que las plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, Meta y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), identifiquen anuncios de productos que hayan ingresado de contrabando y los eliminen de su oferta.
La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) y cadenas de retail como Frávega, Cetrogar y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) también señalarán los posibles casos de ventas ilegales. Este esfuerzo conjunto busca abordar la problemática de la competencia desleal en el sector.
El segundo gesto significativo ocurrió el jueves, cuando Toto Caputo y Lavigne presentaron en Santa Fe la mesa de desarrollo de proveedores del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), donde se inscribieron 1223 pymes de 19 provincias. Esta iniciativa busca fomentar la integración de pequeñas y medianas empresas en cadenas de producción más amplias.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se refirió a la importancia de las pymes al mencionar: "Tenemos que lograr un win-win porque, acá tienen que ganar todos. Las grandes empresas y las pymes argentinas que tengan la oportunidad de integrarse a las cadenas mineras, generar negocios, crecer y crear puestos de trabajo". Su declaración resalta la necesidad de un enfoque colaborativo entre los distintos actores económicos.
Durante el evento en Santa Fe, Rappallini destacó que “es un momento histórico para el desarrollo de la cadena de proveedores, porque para que los sectores de la minería y la energía asociados al RIGI sean competitivos, toda la cadena de valor debe ser competitiva”. Su afirmación subraya la relevancia de una colaboración efectiva entre las empresas grandes y pequeñas para el crecimiento del sector.
Sin embargo, Rappallini enfrenta un desafío interno en la central industrial, ya que representantes de sectores afectados por la crisis se han manifestado en reuniones de la Junta Directiva, exigiendo que él confronte con el Gobierno. Esta presión refleja la tensión existente entre las necesidades de las pymes y la postura del liderazgo industrial.
Un dirigente de una central empresaria del centro del país comentó a Letra E que “la Conferencia es casi un acto de la agenda del Gobierno” y advirtió que “sigue todo igual: una crisis terminal en muchos sectores y una parte de la dirigencia con afinidad ideológica para acompañar el relato oficial”. Esta crítica pone de manifiesto el descontento entre algunos sectores empresariales respecto a la situación económica actual.
En un intento por mitigar las críticas, se ha relanzado el Consejo Académico de Economistas de la UIA, que fue presentado esta semana y está liderado por Federico Poli, titular de la consultora Sistémica. Este consejo tiene como objetivo ofrecer un análisis más profundo de la situación económica y sus implicancias para el sector industrial.
Poli ha reconocido el compromiso del Gobierno con el superávit fiscal, pero también ha señalado la desinversión en infraestructura, ciencia, tecnología y educación superior. Además, ha advertido sobre el tipo de cambio bajo y la destrucción de las capacidades productivas, lo que genera desempleo. Entre los economistas que forman parte de este consejo se encuentra Marina Dal Poggetto, de Eco Go, quien fue descalificada por el presidente Milei cuando mencionó que con el RIGI, el Estado resigna u$s 8500 millones de recaudación.
Aquellos que están al tanto de la dinámica interna de la Unión Industrial Argentina (UIA) expresan dudas sobre la efectividad del nuevo órgano de consulta. Un ejemplo que citan es el Consejo Académico de los años 90, donde participaba Marcelo Diamand, un economista con una fuerte inclinación hacia la industria, quien elaboraba documentos en representación de la UIA. En este contexto, se cuestiona si los economistas actuales estarán dispuestos a firmar un trabajo en conjunto, dado que cada uno de ellos opera desde su propia consultora.
El nuevo consejo de la UIA está integrado por Ricardo Delgado de Analytica, Eduardo Levy Yeyati de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Andrés López del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires (IIEP-UBA), Carlos Pérez de la Fundación Capital y Rodolfo Santángelo de Macroviews. Además, forman parte del consejo Ricardo Carciofi de Cippec, Juan Carlos Hallak de la UBA, Matías Kulfas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Fernando Navajas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y Martín Rapetti de Equilibra.
Fuente original: Letra P.
