PoloSur
En Córdoba, dos causas de alta resonancia social e indudable impacto político están generando un conflicto notable en el ámbito judicial. Este enfrentamiento involucra a los magistrados de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 3ª Nominación de la ciudad y a la dirección del Ministerio Público Fiscal de la provincia. La situación se ha vuelto tensa, ya que el Ministerio Público Fiscal ha denunciado a la cámara por aprietes y por la resolución de un caso que afecta a gremios con fuertes vínculos políticos y económicos. Este conflicto no es inusual en la Justicia de Córdoba, donde las tensiones entre diferentes actores han sido recurrentes.
Los jueces Gustavo Ispani, María de los Ángeles Palacio y Leandro Quijada están siendo cuestionados por la rápida resolución de una intrincada causa que involucra a gremios con poder. Además, han realizado críticas públicas hacia el accionar de los fiscales, tanto de instrucción como de casación. El Ministerio Público Fiscal, que advierte que casará la sentencia de la Cámara, ha deslizado sospechas sobre la voluntad de los jueces para esclarecer el caso en cuestión. En paralelo, ha solicitado la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que evalúe el comportamiento de los magistrados involucrados, lo que añade una capa adicional de complejidad al conflicto.
Uno de los momentos más destacados de este enfrentamiento se produjo durante el reciente juicio por el asesinato de Gabriela Pérez, una trabajadora de limpieza que fue abatida mientras participaba de un asado organizado por la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza (Soelsac). Desde el primer momento, el crimen ha quedado enmarcado en la disputa por la conducción del gremio, que se encontraba en un proceso electoral tras casi 20 años bajo el control de Sergio Fittipaldi, un dirigente identificado con el peronismo, quien había sido extitular de las 62 Organizaciones y que, meses antes, había quedado como primer legislador suplente. Este contexto de lucha interna en el sindicato ha intensificado las tensiones entre los actores judiciales y ha puesto de relieve la influencia de los gremios en la política local.
Las sospechas se centraron de inmediato en una facción opositora, vinculada a la dirección del Sindicato de Recolección de Residuos y Barrido (Surrbac), el gremio que representa a los trabajadores de higiene urbana, bajo el control de Franco Saillén, exlegislador provincial y figura destacada del kirchnerismo en la región. Este caso se convirtió en un punto de referencia para examinar las conexiones entre las organizaciones sindicales y el poder político. Aunque históricamente marginales dentro de las estructuras de las centrales, estas agrupaciones ganaron relevancia tras la privatización de servicios esenciales. El Soelsac, presente en todas las escuelas de la provincia, logró una notable penetración territorial. Con una estrategia bien definida y recursos, el Surrbac se transformó en un actor clave en decisiones políticas que deberían corresponder a los intendentes.
La complejidad de la causa también involucró a facciones de las barras del Club Atlético Talleres, que se encontraban en disputas por el control del narcotráfico en la ciudad y, por supuesto, por el dominio de su propia tribuna. Con todos estos elementos en juego, el desenlace del caso dejó insatisfecha a gran parte de la sociedad. El único acusado por el crimen, Gustavo Herrera, quien es hermanastro de la víctima, fue absuelto por unanimidad por el jurado popular y la Cámara 3ª del Crimen. En los fundamentos de la decisión, que fueron difundidos esta semana, los magistrados criticaron con dureza la investigación llevada a cabo por la fiscal Silvana Fernández, así como la defensa que realizaron sus colegas de cámara, Laura Battistelli y Marcelo Sicardi.
En su resolución, el tribunal destacó la falta de pruebas contundentes que respaldaran la acusación por los delitos de tentativa de homicidio criminis causae y homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria que se le imputaban a Herrera. Según los jueces, no hay elementos que permitan establecer que el autor del ataque haya sido el acusado. En una conclusión que se interpreta como un serio revés a la instrucción, la sentencia también rechaza que el motivo del crimen haya sido un conflicto gremial. Para el tribunal, las acciones que se llevaron a cabo el día del hecho “tuvieron su origen en la disputa por la conducción de la barra La Fiel”, es decir, la barra de Talleres.
La demanda de Justicia sigue vigente en la sociedad, que espera respuestas claras y un esclarecimiento de los hechos que rodearon este caso, que ha puesto de manifiesto las complejas interacciones entre el mundo del deporte, el crimen y la política local.
La respuesta del Ministerio Público Fiscal (MPF) ha adoptado un tono inusualmente firme. Para respaldar su posición, ha ampliado sus observaciones a otra investigación con implicaciones políticas, que también es competencia de la Cámara 3° del Crimen. Esta causa, conocida como megacausa Bomberos, involucra a más de diez acusados, entre los que se encuentran altos funcionarios policiales, quienes habrían facilitado certificados falsos a empresarios que buscaban obtener habilitaciones municipales para sus emprendimientos. El fiscal general adjunto, Héctor David, es quien lidera esta situación, siendo el encargado de definir los fiscales para cada causa. A lo largo de sus más de 20 años en el MPF, no se le conocen intervenciones en causas en curso.
En esta ocasión, David se dirigió directamente al Tribunal de Ética Judicial, que depende del Tribunal Superior de Justicia, para denunciar una serie de intentos de violación, tanto recurrentes como concurrentes, de la independencia y las facultades del MPF. Según su exposición, en las causas mencionadas, los camaristas habrían incurrido en graves faltas. En primer lugar, se alega que intentaron remover a los fiscales de cámara designados para la causa Pérez, dirigiéndose directamente al fiscal general, Carlos Lezcano. Al no tener éxito en este intento, habrían cuestionado de manera abierta y con términos inapropiados la actuación de los fiscales Fernández y Batistelli durante las audiencias del juicio.
La misma presentación también señala un “avasallamiento” en la causa Bomberos. En este caso, además de un intento por cambiar al fiscal asignado, los camaristas habrían sugerido al fiscal cómo encuadrar los hechos investigados. Además, habrían realizado severos cuestionamientos al accionar del instructor que llevó a cabo la investigación. Con esta información, David confirmó que el MPF apelará la absolución de Herrera, solicitando una revisión y la consideración de elementos que la cámara no tuvo en cuenta. Asimismo, se planea unificar más de diez expedientes conexos que contienen antecedentes de violencia entre las agremiaciones, con la esperanza de avanzar en la elucidación de las verdaderas razones detrás del ataque.
Adicionalmente, se solicitará el inicio de una investigación sobre una supuesta pista narco, denunciada por Fittipaldi durante las audiencias. Según sus acusaciones, los referentes del Surrbac pretendían tomar el control del gremio para expandir “su red de distribución de drogas”.
La desconfianza entre jueces y fiscales se remonta al siglo pasado. Fuentes calificadas señalan que los jueces han mostrado resistencia a adoptar un sistema acusatorio, donde las funciones de cada parte están claramente definidas. Según explican, “el MPF investiga y acusa, la defensa representa al imputado y el tribunal decide”. Esta estructura busca una mayor transparencia y eficiencia en el proceso judicial, pero aún enfrenta obstáculos significativos en su implementación.
Estas mismas voces critican a los jueces por mantener un “sistema perimido”. En sus declaraciones, afirman que los magistrados no desean renunciar a un “sillón de privilegio”, desde el cual intentan controlar todo el proceso judicial o ajustarlo a un guion preestablecido. “Más que cámaras, actúan como camarillas”, fustigan, sugiriendo que esta actitud obstaculiza el avance hacia un sistema más justo y equitativo.
Al analizar el comportamiento del cuerpo colegiado en las causas mencionadas, se observa que los fiscales desestiman las acusaciones formales de los jueces. Ellos enfatizan que no son los responsables de la falta de voluntad para esclarecer hechos relacionados con poderosos sindicatos. La fiscal Battistelli afirmó: “Esta estampida de violencia que escaló en las calles fue gremio contra gremio, Surrbac contra Soelsac, a cualquier precio”, y acusó a la cámara de generar dudas que no existen en la investigación. Esta situación refleja una tensión creciente entre las distintas partes involucradas en el proceso judicial.
Además de cuestionar el fallo, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) critican el poco tiempo dedicado a analizar un extenso expediente. “Quisieron cuatro audiencias. Nada más. Parecían apurados en cerrar todo. Ni siquiera consideraron la posibilidad de extender los horarios. Y fueron ellos mismos los que dejaron avanzar los tiempos hasta los límites posibles”, desliza otra fuente consultada, lo que pone de manifiesto la percepción de que se han priorizado otros intereses sobre el debido proceso.
La concatenación de estos hechos no es casual. Desde hace tiempo, circulan diversas sospechas sobre la disposición de los funcionarios de Justicia para profundizar en las causas que involucran al poder real, aquel que se mide en cifras pero se manifiesta a través de la política. Estas inquietudes también alimentan la desconfianza de los cordobeses hacia el Poder Judicial, lo que se traduce en un clima de tensión y desconfianza respecto a la capacidad del sistema para abordar cuestiones que afectan a sectores influyentes, generando un ciclo de desconfianza que podría tener repercusiones en la percepción pública de la justicia en la provincia.
Javier Milei, el actual presidente de Argentina, se perfila como un jugador inesperado en el escenario político de cara a las elecciones de 2027. Su reciente visita a Neuquén dejó un panorama complejo, donde se evidenciaron tensiones entre la feligresía y la militancia, además de la presencia de un "apellido fantasma" que ha generado especulaciones. Durante su discurso, el aplausómetro se mostró equilibrado, reflejando una respuesta mixta del público presente.
En otro orden de cosas, el presidente ha decidido ajustar el programa Remediar, lo que implica el fin de la entrega gratuita de medicamentos. Esta medida impactará directamente en los pacientes más vulnerables, quienes ahora deberán afrontar costos que antes eran cubiertos por el Estado. Además, Milei extendió una invitación a su ministra de Desarrollo Social, Victoria Villarruel, y a los gobernadores para recibir al Papa León XIV en un evento que promete ser significativo.
Por otro lado, los hermanos Passaglia han iniciado su campaña presidencial, lanzando críticas tanto hacia Milei como al kirchnerismo, mientras que Daniela Vilar concluyó la Agenda Ambiental Latinoamericana con un llamado a la construcción de un futuro sostenible. En la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia se encuentra en una encrucijada, con el poder de Mahiques en juego y la influencia de figuras como Angelici y Olmos. Finalmente, el juez Renoldi ha manifestado su intención de competir por la sucesión de Romero, lo que abre una nueva grieta en la UCR de Paraná.
Fuente original: Letra P Política.
