PoloSur
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, debió dar la vuelta en pleno vuelo de Europa a África y regresar a su país ante la conmoción desatada por un enfrentamiento político que ha puesto en jaque al Poder Judicial. En la madrugada de este sábado, la policía antidisturbios fue desplegada en la sede del Tribunal Constitucional de Polonia, en medio de una creciente tensión entre el gobierno y los jueces superiores, quienes cuentan con el respaldo de la oposición. Este despliegue se produce en un contexto de crisis política que ha llevado a la polarización entre los diferentes sectores del poder en el país.
La disputa actual enfrenta al gobierno de centroderecha proeuropea, liderado por el primer ministro Donald Tusk, con sus predecesores del partido de derecha nacionalista Ley y Justicia (PiS), que apoyan al presidente Nawrocki. La intervención policial se produjo después de que el ministro de Justicia, Waldemar Żurek, declarara que había solicitado la retirada de la inmunidad judicial al presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y al vicepresidente, Bartłomiej Sochański, con el fin de poder presentar cargos penales en su contra. Estos jueces fueron designados por el PiS en un proceso que ha sido objeto de controversia y críticas por parte de la oposición y organismos internacionales.
Tusk ha manifestado su compromiso de despolitizar el poder judicial y defendió la medida el viernes, mientras los partidarios del PiS se congregaban frente a los tribunales en Varsovia para protestar. En su discurso, Tusk afirmó que es fundamental restablecer el estado de derecho en Polonia, un compromiso que asumió al asumir como primer ministro en 2023. Sin embargo, desde que Nawrocki llegó al poder en agosto de 2025, ha tomado medidas para bloquear esos esfuerzos, lo que ha generado un clima de tensión y confrontación en el ámbito político.
Nawrocki se encontraba el viernes en viaje hacia Senegal, con destino a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano que se celebran en Dakar. Este viaje se vio interrumpido por la crisis política en su país, lo que refleja la gravedad de la situación actual en Polonia. La tensión entre el gobierno y el poder judicial ha llevado a una movilización de fuerzas policiales, lo que pone de manifiesto la fragilidad del sistema democrático en el país.
Tras su regreso a Varsovia, el primer ministro polaco ingresó a la sede del Tribunal Constitucional en las primeras horas del sábado, según lo informado por su jefe de gabinete. En respuesta a la situación, la policía antidisturbios fue desplegada con el objetivo de impedir que cientos de manifestantes accedieran al edificio del tribunal.
A través de una publicación en sus redes sociales, el Tribunal Constitucional afirmó que los dos jueces que el gobierno busca procesar continúan siendo magistrados superiores del tribunal, habiendo sido designados de manera legal. En el comunicado se advertía que "todas las personas que participen en estas acciones están cometiendo el delito de golpe de Estado".
En otra publicación en redes sociales, Donald Tusk, líder de la oposición, expresó: "Restablecer el estado de derecho es nuestro deber. Tras años de ilegalidad por parte de Ley y Justicia, este es un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere medidas decisivas. No hay otra alternativa".
El gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) asumió el poder en 2015 y rápidamente procedió a nombrar jueces en el Tribunal Constitucional con la intención de obtener una mayoría en el mismo, dado que este organismo tiene la facultad de decidir sobre la legalidad de la legislación. Posteriormente, los principales tribunales europeos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictaminaron que la mayoría del PiS había elegido de manera indebida a tres de los jueces, ya que ocupaban puestos que habían sido válidamente cubiertos por el parlamento anterior.
Estos tribunales europeos determinaron que el Tribunal Constitucional de Polonia había dejado de ser un "tribunal independiente e imparcial", y el gobierno de Tusk ha utilizado estos fallos como fundamento para dejar de publicar las sentencias del tribunal. A pesar de sus esfuerzos, Tusk no ha logrado revertir los cambios implementados durante la era del PiS, en parte debido a que el actual presidente del tribunal, Nawrocki, y su predecesor, Andrzej Duda, también respaldado por el PiS, han utilizado sus vetos presidenciales para obstaculizar sus intentos.
Además, Nawrocki se ha negado a juramentar a cinco jueces del Tribunal Constitucional que fueron elegidos por el Parlamento desde marzo, argumentando supuestas irregularidades en el procedimiento de selección. En este contexto, una de esas juezas, Anna Korwin-Piotrowska, ha sido designada para asumir la dirección del tribunal de manera interina.
A inicios de este mes, la Comisión de Venecia, que actúa como órgano asesor del Consejo de Europa en cuestiones constitucionales, indicó que el ministro de Justicia, Nawrocki, debería proceder a tomar juramento a los jueces para que pudieran asumir sus funciones en el Tribunal Constitucional. Esta recomendación surge en un contexto de tensiones políticas en Polonia, donde el control del tribunal se ha convertido en un punto de conflicto entre el gobierno y la oposición.
El ministro de Justicia, Żurek, ha señalado que tanto Święczkowski como su vicepresidente deberían enfrentar cargos penales por haber impedido que los jueces emitieran sentencias. Esta acusación se suma a las críticas que algunos aliados de Donald Tusk han dirigido hacia él, argumentando que no ha tomado medidas decisivas para revertir las reformas implementadas durante la era del partido Ley y Justicia (PiS).
Con las elecciones parlamentarias programadas para el próximo año, hay quienes interpretan las acciones de Tusk como un esfuerzo por incrementar su popularidad entre los votantes. Sin embargo, sus decisiones han recibido reproches. En septiembre, Tusk propuso a Maciej Berek, un abogado que ocupó un cargo ministerial en su gabinete, como candidato a juez del tribunal, lo que ha generado controversia.
Marcin Matczak, un abogado crítico de las reformas judiciales de la era PiS y quien ha calificado a Święczkowski como el peor presidente del tribunal, ha manifestado que la suspensión de este último carece de base legal "por un millón de razones". Matczak expresó su opinión en redes sociales, afirmando que la actuación reciente en el Tribunal Constitucional anula el caso y la cuestión del estado de derecho en Polonia durante dos décadas.
"Las imágenes de policías armados y las interpretaciones legales que permiten al ministro de Justicia destituir por decreto al presidente del Tribunal Constitucional tendrán una fuerte reacción en contra del Estado de derecho durante los próximos años", advirtió el profesor Matczak, reflejando la preocupación por el impacto de estas decisiones en la institucionalidad del país.
Fuente original: BBC Mundo.
