PoloSur
El Gobierno nacional ha decidido prorrogar el bono de hasta $ 70.000 destinado a los jubilados que perciben haberes mínimos, según lo establecido en el decreto 1296/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Este bono, que se ha mantenido sin cambios desde marzo de 2024, debería haber sido actualizado en función de los demás haberes, lo que indicaría que su valor actual debería ser de $ 231.253. En noviembre, el haber mínimo total, que experimentará un aumento del 1,93% en comparación con octubre, debería ser de $ 675.411, en lugar de los $ 514.158 que se proyectan (que incluyen $ 444.158 más el bono de $ 70.000).
Esta situación implica que el bono ha perdido un 70% de su valor desde el momento en que fue congelado por el Poder Ejecutivo. Las pérdidas intermensuales, junto con la falta de cobro de aguinaldos debido a la no actualización del bono, generan una diferencia en perjuicio de jubilados y pensionados de $ 161.253 solo en el mes de noviembre. Además, es importante destacar que este bono no forma parte del haber y no se considera para el cálculo del aguinaldo. La decisión de mantener el bono congelado afecta a aproximadamente la mitad de los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que equivale a alrededor de 3 millones de personas, además de 1,5 millones que reciben la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas.
A lo largo del tiempo, el impacto positivo del bono ha ido disminuyendo, pasando de representar el 52% del haber mínimo en marzo de 2024 al 15,7% en el momento en que se realizará el pago en noviembre. Mientras el bono continúe congelado, esta tendencia de disminución se acentuará, llevando a que su representación sobre el valor total se convierta en un porcentaje insignificante. Por otro lado, los jubilados que perciben haberes mínimos están experimentando pérdidas mensuales en relación con la inflación. Por ejemplo, entre enero y septiembre de este año, la inflación alcanzó el 23,6%, mientras que el haber mínimo total solo aumentó un 21,3%, pasando de $ 410.880 a $ 498.633. La PUAM tuvo un incremento del 20,5% y las pensiones no contributivas del 13,9%.
La situación del bono congelado ha llegado a instancias judiciales. En agosto del año pasado, la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en el caso Varela Alberto c/ ANSeS, determinó que si un jubilado experimenta una pérdida superior al 15%, el congelamiento del bono sería considerado confiscatorio y violatorio del artículo 14 de la Constitución Nacional.
El Gobierno tiene la responsabilidad de reponer la pérdida de poder adquisitivo a los 4,5 millones de jubilados y pensionados que reciben este bono. Esta situación se vuelve más crítica considerando que el bono, que anteriormente representaba casi la mitad del haber mínimo, ha disminuido hasta alcanzar apenas el 15,7%. Además, se espera que se otorgue el monto actualizado a los nuevos jubilados y pensionados que perciban los haberes mínimos.
En respuesta a esta situación, el Gobierno decidió apelar el fallo que afecta a los beneficiarios, buscando revertir las consecuencias de esta disminución en el bono.
Fuente original: Clarín Economía.
