PoloSur
El personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio su visto bueno a la tercera revisión del acuerdo, a pesar de que el Gobierno no logró cumplir con la meta fiscal establecida para junio, que era del 0,7% del Producto Interno Bruto (PBI). Este desvío se debió, en gran medida, a la postergación en la presentación de la declaración jurada de Ganancias. La decisión del organismo se interpretó como un “perdón” ante este incumplimiento, aunque dejó abierta la discusión sobre la viabilidad de alcanzar el objetivo de un superávit primario del 1,4% del PBI que se prevé para diciembre de 2026.
En el comunicado emitido por el FMI, se subrayó que la meta fiscal sigue siendo un componente fundamental del programa. El organismo relacionó esta pauta con la meta de alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI en 2026, así como un esfuerzo similar para 2027, de acuerdo con las proyecciones que el Gobierno incluyó en el presupuesto presentado al Congreso. El Fondo enfatizó que “el ancla fiscal seguirá siendo un elemento central del programa, coherente con el objetivo de lograr un superávit primario del 1,4% del PIB en 2026 y un esfuerzo fiscal similar en 2027”. Además, se destacó que el presupuesto de 2027 refleja esta orientación y proyecta un cuarto año consecutivo de superávit fiscal primario y equilibrio fiscal global.
El organismo internacional también afirmó que la continuidad en la disciplina del gasto, junto con reformas en los marcos tributario y fiscal, fortalecería el proceso de consolidación. Asimismo, planteó que esta estrategia permitiría proteger el gasto prioritario en áreas sociales e infraestructura. La aprobación de esta tercera revisión evidenció que el incumplimiento de junio no detuvo el avance del programa y que el FMI ha decidido perdonar al Gobierno por este desvío. Sin embargo, la atención de los economistas se centra ahora en la exigencia pendiente para diciembre, que establece un superávit primario del 1,4% del PBI, un objetivo más ambicioso que el de junio.
Las dudas sobre el cumplimiento de esta meta se fundamentan en la evolución de los ingresos públicos, el comportamiento de la actividad económica y las limitaciones para implementar recortes adicionales en el gasto. Manuel Cerdan, socio y director de Invecq Consulting, expresó su escepticismo respecto al cumplimiento del objetivo de diciembre, afirmando: “No creemos que se vaya a cumplir la meta de diciembre, aunque habrá que ver si se modifica tras el desvío de junio”.
Cerdan identificó dos factores que respaldan su proyección sobre el superávit fiscal. El primero se relaciona con la recaudación, donde destacó que “los ingresos vienen débiles, en buena medida por la dinámica de la actividad”. El segundo factor hace referencia a las limitaciones que enfrenta el ajuste fiscal tras el recorte realizado sobre el gasto público.
El economista subrayó que “el margen para seguir ajustando el gasto es cada vez más acotado”, ya que el principal ajuste ya se ha llevado a cabo y una parte significativa del gasto está indexada. Esta situación, según su análisis, disminuye las herramientas disponibles para compensar la caída en la entrada de recursos.
A pesar de su estimación, Cerdan no anticipó que esto genere dificultades relevantes en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “De todos modos, no creemos que esto represente un problema significativo en el marco del acuerdo con el FMI”, afirmó. Su planteamiento dejó abierta la posibilidad de que el organismo tome en cuenta el contexto del programa y el tamaño del eventual desvío.
Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), también mencionó la posibilidad de un cambio formal en la pauta de diciembre. Para él, cumplir con la meta se presenta como un desafío; por lo que el Gobierno y el FMI podrían decidir modificar el objetivo antes de que finalice el año o permitir una excepción cuando llegue la revisión correspondiente.
“Pueden pasar dos cosas: que en esta revisión le modifiquen la meta de diciembre o que le hagan un waiver”, explicó Letcher. Este término se refiere a una dispensa ante el incumplimiento de una meta acordada dentro de un programa con el Fondo.
Letcher agregó que la dificultad para alcanzar la meta fiscal aumenta a medida que se reduce el excedente. “La meta fiscal se vuelve cada vez más difícil porque el superávit es cada vez menor”, sostuvo. A partir de esta observación, planteó un interrogante sobre las posibles medidas que podría adoptar el Gobierno ante la combinación de un incumplimiento fiscal y un deterioro de la actividad económica.
Fausto Spotorno, director del Instituto de Economía Política, Economía y Negocios (Ineco), también previó un incumplimiento fiscal acotado. Su análisis se centró en la caída del nivel de actividad, la recaudación y el aumento de ciertas partidas del gasto.
“En el segundo trimestre cayó el PBI y en el tercer trimestre también va a caer, con los datos que tenemos ya lo podemos asegurar”, afirmó el economista. Para él, este escenario ha configurado dos trimestres negativos y recesivos, lo que tiene consecuencias directas sobre los ingresos tributarios del Estado. Esta situación de recesión, según su análisis, ha generado un impacto significativo en la capacidad del Gobierno para recaudar los fondos necesarios, lo que a su vez afecta la sostenibilidad de las cuentas públicas.
“Hubo dos trimestres negativos, recesivos, y eso provoca una caída en la recaudación por un lado”, explicó. La menor actividad económica, de acuerdo con su lectura, ha reducido el flujo de recursos que ingresa al Estado y ha complicado el cumplimiento de una meta fiscal exigente que se ha establecido para el cierre de 2026. En este contexto, el economista subrayó la dificultad que enfrenta el Gobierno para mantener los niveles de recaudación necesarios para sostener el gasto público, lo que podría derivar en un escenario fiscal más complicado en el futuro.
También señaló el impacto de la inflación sobre el gasto. Según explicó, la aceleración inflacionaria del primer trimestre llevó a ajustes de jubilaciones durante el segundo trimestre. Esta dinámica ha sumado presión sobre las erogaciones públicas en un contexto donde el margen para recortar partidas se ha reducido considerablemente. “A su vez, recortar gastos para el Gobierno es cada vez más difícil; está a nivel de gasto de los 90”, indicó. El director de Ineco sostuvo que el gasto público primario ya ha alcanzado un nivel que limita la posibilidad de nuevos ajustes, lo que podría complicar aún más la situación fiscal y la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos.
Para Spotorno, el Gobierno va a incumplir la meta fiscal, aunque por poco, es decir, por una o dos décimas por debajo de lo que se había proyectado. La diferencia estimada se ubicaría, según esa evaluación, dentro de un margen estrecho respecto del objetivo de 1,4% del PBI fijado para el año. Esta proyección sugiere que, a pesar de los esfuerzos realizados, el cumplimiento de las metas fiscales seguirá siendo un desafío significativo para la administración actual, lo que podría tener repercusiones en la confianza de los inversores y en la estabilidad económica del país.
Con la llegada de noviembre, los hogares argentinos se preparan para afrontar nuevos aumentos en diversos servicios. Entre los incrementos más destacados se encuentran los relacionados con el transporte, la educación y la salud, que son considerados especialmente sensibles para el presupuesto familiar. Los detalles sobre cómo se determinaron estos ajustes aún están siendo analizados.
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Fuente original: Infobae Economía.
