PoloSur
El juicio contra Justo Fernando Barrientos ha llegado a su fase final. Las acusaciones apuntan a que el ataque perpetrado el 5 de mayo de 2024 estuvo impulsado por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas y por cuestiones de género. Los alegatos en el juicio por la masacre de Barracas, donde tres mujeres fueron asesinadas y otra resultó gravemente herida, comenzarán este lunes en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N.º 5 de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024, Barrientos, de 69 años, lanzó un explosivo casero en la habitación donde se encontraban dos parejas de lesbianas. Como resultado del ataque, tres de ellas, identificadas como Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, perdieron la vida, sufriendo quemaduras extensas en sus cuerpos. Sofía Castro Riglos fue la única sobreviviente del trágico suceso.
Riglos, junto con dos familiares de las víctimas, cuenta con el apoyo del Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos del Ministerio Público de la Defensa, que también participa en el proceso judicial. El miércoles, será el turno de la querella que cuenta con la asesoría de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), y posteriormente intervendrá el fiscal federal Juan Fernández Buzzi.
Según lo indicado, los jueces establecerán una fecha para los alegatos de la defensa, que se espera se realicen a principios de noviembre. Luego de ello, se tomarán algunos días para comunicar el veredicto. A Justo Fernando Barrientos se le imputa el delito de homicidio agravado por odio a la orientación sexual de las víctimas, con la mediación de violencia de género, alevosía y el uso de un medio idóneo para generar un peligro común. Este delito se considera consumado en el caso de Pamela, Roxana y Andrea, y en grado de tentativa respecto a Sofía, quien enfrenta una pena de prisión perpetua.
La lucha por justicia ha sido impulsada por las querellas, la fiscalía y el movimiento LGBTI+, logrando revertir una tendencia que ignoraba la violencia de género y por orientación sexual en este caso. Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante fallecieron a lo largo de los días posteriores al ataque, mientras que Sofía, que tenía 49 años en ese momento, recibió el alta médica el 3 de junio en el Instituto del Quemado.
El 17 de julio de 2025, la causa fue elevada a juicio oral, donde el agresor enfrenta cargos por homicidio agravado, debido a que el crimen fue perpetrado por “odio de género y a la orientación sexual” de las víctimas, además de mediar violencia de género. En el caso de Sofía, se lo imputa en grado de tentativa. Las acusaciones también incluyen agravantes como alevosía, ensañamiento y el uso de un medio idóneo para generar un peligro común.
Este crimen ocurrió en un contexto de retroceso significativo en las políticas de género y diversidad, así como de una intensificación de narrativas que patologizan y deshumanizan a las personas LGBTI+. Estas narrativas provienen incluso de las más altas autoridades estatales, lo que agrava el entorno de violencia sistemática que sufren las personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género.
Según las partes involucradas y diversos testimonios, Barrientos hostigaba de manera sistemática a las mujeres, a quienes se refería despectivamente como “tortas”. Este término ha resurgido recientemente en otro contexto, relacionado con el debate público y político. El legislador Waldo Wolff, quien ha demandado consecuencias judiciales por expresiones antisemitas y discursos de odio en redes sociales, utilizó la palabra “torta” para descalificar a una usuaria de X que defendía a trabajadores del subte. En su respuesta a una publicación del diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, Wolff escribió: “Mujer obrera troska torta”.
Al ser cuestionado por su elección de palabras, el funcionario argumentó que llamar “torta” a alguien no podía considerarse una agresión si esa persona se identificaba públicamente de esa manera en su avatar. Sin embargo, es importante señalar que la autoidentificación de una persona con un término no implica que su uso para denigrarla sea aceptable. En el caso del lesbicidio de Barrientos, según las acusaciones, el término formaba parte del hostigamiento sistemático hacia las víctimas. La distinción entre la autoidentificación y la descalificación es crucial al analizar cómo se construyen y perpetúan las expresiones de discriminación.
En otro hecho relacionado, se detuvo en Buenos Aires al principal sospechoso del crimen de Daniela Villalba, y se investiga si este individuo cometió otro homicidio similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Fiscalía de Corrientes no descarta la posibilidad de imputar por femicidio a los nuevos detenidos en la investigación de la desaparición de una docente. Este caso ha generado gran preocupación en la comunidad.
En Chaco, se encontró sin vida a una pareja, y las autoridades están llevando a cabo una investigación que apunta a un posible femicidio seguido de suicidio. Este hecho ha conmocionado a la región y ha reavivado el debate sobre la violencia de género.
Fuente original: Perfil.
