Creación de peaje en Ramallo genera controversia entre industriales

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) han expresado su rechazo a una nueva ordenanza del municipio de Ramallo, que establece un peaje para el transporte de cargas en un recorrido de cinco kilómetros. Ambas entidades advierten que esta medida, junto con otros requisitos administrativos, complicará la circulación en la zona industrial y hacia el puerto de San Nicolás.

El nuevo régimen, conocido como Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), exige que los transportistas se registren y obtengan autorizaciones para operar dentro del municipio, que está bajo la dirección de Mauro Poletti, del partido Unión por la Patria. Según UIPBA y ADIBA, este esquema replica exigencias similares a las del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), que fue eliminado por el Gobierno nacional en 2024 como parte de un proceso de desregulación del transporte de cargas. Las organizaciones sostienen que la nueva normativa vuelve a imponer registros, permisos y controles que habían sido eliminados para facilitar la actividad logística.

Las consecuencias del incumplimiento de esta ordenanza pueden incluir multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos. Las cámaras empresariales han señalado que estas sanciones podrían afectar gravemente la operación de las fábricas que contratan los servicios de transporte. Uno de los aspectos más criticados es la responsabilidad solidaria que la norma impone a las empresas que envían carga, en caso de que los transportistas no cumplan con las regulaciones.

Este reclamo se suma a las preocupaciones que ambas organizaciones habían planteado en septiembre respecto a la instalación del peaje. Según sus estimaciones, el costo por atravesar el tramo podría variar entre $25.000 y $62.000 por viaje, lo que tendría un impacto significativo en más de 100 empresas argentinas y podría generar un gasto anual que alcanzaría los $500 millones por compañía.

Además, las entidades han señalado que la concesión del sistema de peaje ya ha sido otorgada a una empresa privada, que recibiría el 50% de la recaudación. El dispositivo de telepeaje ha sido instalado sobre el ex Camino Provincial 87, que, según el comunicado, es el único acceso habilitado para el tránsito pesado y carece de vías alternativas.

A un mes de la primera advertencia, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de Buenos Aires (ADIBA) manifestaron que la situación se ha agravado con la implementación de nuevos requisitos para el transporte de carga pesada. Afirmaron que estas medidas transforman un corredor logístico en una fuente de recaudación, lo que impacta negativamente en la competitividad al aumentar los costos de traslado de insumos, materias primas y productos terminados.

“En un país que necesita integrarse al mundo y reducir costos logísticos para competir, municipios que crean aduanas internas generan una nueva capa del denominado ‘costo argentino’”, señalaron desde UIPBA y ADIBA.

Las organizaciones industriales manifestaron su preocupación por la posibilidad de que propuestas similares se implementen en otros municipios de Argentina, lo que podría generar un aumento en las barreras al transporte de mercancías en todo el país. Este tipo de iniciativas, según advirtieron, no solo complican la logística, sino que también pueden afectar la competitividad de las empresas locales en un contexto económico ya desafiante.

Alertaron que la acumulación de peajes, registros y permisos a nivel municipal podría incrementar los costos asociados a una misma carga a lo largo de su trayecto. Esto, a su vez, afectaría negativamente a la industria, al comercio y a las exportaciones, generando un impacto adverso en la economía regional y nacional. Las entidades enfatizaron la necesidad de un marco regulatorio claro que evite la multiplicación de estas cargas adicionales.

La controversia por el cobro de un peaje a camiones que transitan por un tramo de 5 kilómetros de ruta ha generado un fuerte rechazo entre los industriales de la región.

San Nicolás

Los empresarios consideran que esta medida impuesta por la municipalidad afecta la actividad industrial y encarece los costos de transporte.

Fuente original: Clarín Economía.