Frente a un gobierno sin rumbo, sin eduacion, sin salud, con creciente desempleo y en el que se agudiza el conflicto social, producto de la impericia y el desmanejo del jefe de gabinete Agustin Tita, hoy candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, ya comienzan las renuncias.
En este sentido se acaba de oficializar la renuncia de la secretaria legal del gobierno de la provincia. El Poder Ejecutivo de la provincia decretó aceptar la renuncia presentada por María Luisina Segovia al cargo de Secretaria Legal,
dependiente de la Secretaría Legal de Gobierno.
El decreto 2104/25 se publicó en la edición del 5 de septiembre del Boletín Oficial, lleva la firma del gobernador Gustavo Melella y la superministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo.
La renuncia es efectiva a partir del 1 de septiembre de 2025. En los considerandos se lee "que obra intervención del señor Secretario Legal de Gobierno", y que el el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial.
"Agradecer a la señora Maria Luisina Segovia por los servicios prestados", indica
Está dirigido a profesionales de la salud y la salud mental, comunidad educativa, asociaciones civiles, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, referentes deportivos y a la comunidad en general, con el objetivo de brindar herramientas para la prevención y el acompañamiento.
El presidente Javier Milei ordenó crear una instancia de discusión interna en el Ejecutivo. En la misma estarán su hermana, Karina, y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros, en lo que representa un respaldo del jefe de Estado hacia ambos.
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El intendente de Río Grande, Martín Pérez, destacó en sus redes sociales el triunfo de Axel Kicillof en Buenos Aires y señaló que la sociedad respalda a gobiernos que gestionan a favor de los vecinos.
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Con un presupuesto récord de 2,23 billones de pesos, el 98,68% de los recursos provinciales se destina a sueldos, servicios y funcionamiento del aparato estatal, en abierto incumplimiento de la Constitución. Apenas el 1,32% se orienta a inversiones productivas o infraestructura, hipotecando el futuro de Tierra del Fuego y condenando a generaciones enteras a la falta de desarrollo.
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