La Justicia de Santa Fe ha declarado la quiebra de Algodonera Avellaneda, una destacada empresa del sector textil asociada a la familia Vicentin. La firma acumula una deuda que supera los USD 260 millones con el Banco Nación, y emplea a aproximadamente 350 trabajadores. Esta decisión judicial se produce tras el fracaso de las negociaciones para reestructurar las deudas de la compañía, así como la falta de interesados en el proceso de salvataje que se había abierto con el objetivo de evitar la liquidación de la empresa.
La resolución del juez Fabián Lorenzini marca el inicio de una nueva etapa para Algodonera Avellaneda, cuya planta principal se localiza en Reconquista, Santa Fe. Además, la empresa cuenta con dos instalaciones dedicadas al desmote de algodón en las provincias de Chaco y Santiago del Estero. A pesar de la declaración de quiebra, la Justicia no ha ordenado el cierre inmediato de las instalaciones y está considerando la posibilidad de que estas continúen operando de manera transitoria, mientras se busca una alternativa para la venta de la empresa o de sus unidades productivas.
La decisión del juez se tomó luego de que la empresa agotara todas las instancias para alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Algodonera Avellaneda había estado en concurso preventivo desde 2024 y, durante ese tiempo, intentó obtener las mayorías necesarias para aprobar una propuesta de reestructuración de sus deudas. Sin embargo, el Banco Nación, que posee más del 80% del pasivo verificado de la compañía, rechazó las propuestas de pago, considerándolas insuficientes. La entidad financiera reclama créditos que ascienden a USD 260.791.600,40 y $1.585.782.428,89, según los montos especificados en el expediente judicial.
Una parte significativa de estos compromisos se originó en las garantías que Algodonera Avellaneda otorgó a Vicentin, la agroexportadora vinculada a miembros de la misma familia. El proceso judicial atravesó diversas etapas antes de llegar a la declaración de quiebra. Durante el concurso preventivo, la empresa intentó negociar con sus acreedores para obtener las conformidades necesarias que permitieran homologar un acuerdo y evitar la liquidación de sus activos.
El juez Lorenzini otorgó varias oportunidades a la compañía para que pudiera avanzar en las negociaciones necesarias. En diciembre de 2025, se le concedió una extensión del período de exclusividad, y en febrero de 2026, se volvió a ampliar el plazo, aunque esta vez por un período más corto del que había solicitado la firma.
En julio, se habilitó una nueva instancia extraordinaria con el objetivo de intentar reunir las mayorías requeridas por la legislación concursal. Sin embargo, las negociaciones no lograron culminar en un acuerdo. Uno de los principales puntos de discordia fue la participación del banco estatal en la votación. Algodonera Avellaneda solicitó que esta entidad fuera excluida del cálculo de las mayorías, argumentando que actuaba como un acreedor hostil. No obstante, el tribunal desestimó esta solicitud el 14 de septiembre, considerando improcedente la exclusión. De este modo, la compañía se vio imposibilitada de avanzar con su propuesta original de reestructuración.
La última opción disponible fue la apertura del procedimiento de salvataje, conocido como cramdown, que permite a terceros interesados, acreedores o cooperativas de trabajadores presentarse para adquirir las acciones de una sociedad y formular una nueva propuesta de acuerdo. El registro de interesados estuvo abierto desde el 14 de septiembre hasta el 5 de octubre. Sin embargo, ninguna empresa, acreedor ni cooperativa se inscribió para intentar el rescate de Algodonera Avellaneda. Ante la falta de oferentes y la imposibilidad de alcanzar las mayorías legales, Lorenzini decidió declarar la quiebra indirecta de la sociedad.
El magistrado consideró que se habían agotado todas las alternativas previstas para evitar esa decisión y advirtió que extender nuevamente el procedimiento concursal podría agravar la situación patrimonial de la empresa.
Además de los compromisos financieros con el Banco Nación, Algodonera Avellaneda enfrenta un considerable volumen de obligaciones que se han ido acumulando durante el propio proceso concursal. Según la información presentada en el expediente, la sindicatura registró un pasivo posconcursal de $6.818.717.040,87, correspondiente a obligaciones generadas durante 2025 y 2026. Este monto incluye deudas por servicios de energía eléctrica, obligaciones impositivas y compromisos laborales, entre otros conceptos relacionados con el funcionamiento de la compañía.
La acumulación de obligaciones por parte de la firma se produjo en un contexto en el que intentaba mantener sus operaciones y negociar una salida con los acreedores. Las dificultades financieras que enfrentó limitaron su capacidad para cubrir los gastos corrientes y sostener el funcionamiento habitual de sus establecimientos.
Uno de los principales interrogantes que surgieron tras la quiebra es el futuro de los aproximadamente 350 a 360 empleados de Algodonera Avellaneda, quienes han atravesado meses de dificultades para recibir sus salarios. La empresa posee una planta de hilandería en Reconquista, que se considera su principal activo industrial, además de contar con dos desmotadoras de algodón ubicadas en General Pinedo, Chaco, y Banderas, Santiago del Estero.
La planta de Reconquista opera actualmente al 60% de su capacidad, realizando trabajos a fasón. Esta modalidad permite a la compañía llevar a cabo tareas industriales para terceros, lo que le genera ingresos que se destinan, entre otras obligaciones, al pago de los salarios de los empleados.
La declaración de quiebra no conlleva, por el momento, el cierre automático de los establecimientos. El juez ha instruido a la sindicatura para que evalúe la conveniencia de mantener transitoriamente la explotación de la empresa.
El objetivo de esta alternativa es conservar el valor de los activos industriales y facilitar una eventual venta de la compañía en funcionamiento, en lugar de proceder directamente con la comercialización individual de sus bienes. La continuidad de las operaciones también podría ayudar a preservar una parte de los puestos de trabajo durante el proceso de liquidación, aunque esta posibilidad dependerá de la evaluación económica y de las condiciones legales pertinentes.
Para avanzar en esta dirección, los síndicos deberán presentar un plan operativo que detalle los ingresos y gastos previstos, la cantidad de trabajadores necesarios para mantener la actividad y los mecanismos de control de los fondos generados.
La Justicia deberá determinar si mantener las instalaciones en funcionamiento representa una opción conveniente frente a la venta individual de los activos. Entre las alternativas consideradas se encuentra la venta de Algodonera Avellaneda como empresa en marcha, así como la transferencia de unidades de negocios que puedan seguir operando de manera independiente.
La posible continuidad de la producción en Algodonera Avellaneda se prevé como algo transitorio y estará relacionada con el desarrollo del proceso de liquidación judicial que se está llevando a cabo. Esta situación plantea un escenario incierto para los trabajadores y las operaciones de la empresa, que enfrenta una quiebra significativa.
En cuanto a las medidas judiciales, la sentencia ha establecido una serie de disposiciones sobre los bienes de la empresa y sus directivos. Con la declaración de quiebra, la sociedad ha quedado desapoderada de la administración de su patrimonio, que ahora está bajo la supervisión de la sindicatura designada en el expediente judicial. Esta decisión marca un cambio drástico en la gestión de la compañía, que deberá adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por el tribunal.
El tribunal ha ordenado la incautación de todos los bienes, instalaciones, establecimientos industriales y documentación de Algodonera Avellaneda, lo que permitirá a los síndicos tomar posesión y avanzar con las tareas necesarias en esta nueva etapa del proceso judicial. La incautación de estos activos es un paso crucial para garantizar que se manejen adecuadamente en el marco de la liquidación.
Asimismo, la resolución judicial ha determinado la inhabilitación de la sociedad y de los miembros de su directorio, quienes se encuentran sujetos a las restricciones que les impiden ejercer funciones de administración en otras empresas durante el transcurso del proceso. Esta inhabilitación es un mecanismo diseñado para evitar conflictos de interés y asegurar que los directivos no puedan beneficiarse de la situación actual de la empresa.
Adicionalmente, los administradores de la compañía no podrán salir del país sin contar con autorización judicial, una medida que busca asegurar su disponibilidad ante cualquier requerimiento que pueda surgir durante la liquidación de la empresa. Esta restricción es fundamental para mantener la supervisión y el control sobre los directivos en un momento tan crítico.
En paralelo a estas medidas, el juez ha convocado a una audiencia programada para el próximo 22 de octubre. En este encuentro participarán acreedores, trabajadores, prestadores de servicios a fasón y otros interesados que estén vinculados con la actividad de Algodonera Avellaneda. La audiencia será un espacio clave para discutir el futuro de la empresa y las implicaciones para todos los involucrados.
Durante la audiencia se discutirán temas relacionados con la posible continuidad de la producción, las condiciones necesarias para mantener el funcionamiento de las instalaciones y las alternativas que se pueden considerar para avanzar en la venta de los activos de la empresa. Este diálogo será esencial para definir los próximos pasos en el proceso de liquidación y para evaluar las opciones que puedan surgir para preservar los empleos y la actividad productiva.
Los fondos que se envían desde el exterior son utilizados para cubrir gastos esenciales como alquileres, medicamentos, alimentos y útiles escolares, lo que permite a los beneficiarios en Argentina no depender de su futura capacidad de pago.
En el ámbito financiero, un destacado analista de Wall Street ha indicado que el 41% de los inversores anticipa un aumento en el valor de los activos argentinos. El mercado permanece atento al riesgo país, a la estrategia del Gobierno de inyectar dólares en la economía y a las proyecciones relacionadas con el dólar, la inflación y el crecimiento económico para el año 2027, considerando además los factores externos que pueden influir en estas variables.
Fuente original: Infobae Economía.
