PoloSur
El Gobierno nacional ha apelado el fallo emitido por el juez Martín Cormick, quien consideró inconstitucional el Decreto 759/2025 que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario. En su recurso, el Ministerio de Capital Humano argumenta que la sentencia genera un "gravamen irreparable" y que la orden de cumplimiento de la ley se basa en una interpretación "arbitraria y fragmentaria" del régimen presupuestario.
Según el Gobierno, la decisión judicial causa "agravios concretos y de significativa gravedad institucional", ya que impone la ejecución de la ley sin considerar adecuadamente las defensas presentadas por el Estado. Además, sostienen que el cumplimiento de la normativa podría tener efectos presupuestarios significativos y comprometer el equilibrio de las cuentas públicas, al no identificar una "fuente de financiamiento específica y suficiente".
Desde la cartera liderada por Sandra Pettovello, se cuestiona la validez del amparo colectivo interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), argumentando que no es el mecanismo adecuado para resolver de manera definitiva una controversia que involucra hechos, montos y fuentes de financiamiento. Además, advierten que la Ley 24.629 debe interpretarse "armónicamente" junto a otras normativas que regulan el gasto público.
El juez Cormick había intimado al Poder Ejecutivo el 30 de septiembre a cumplir con la ley 27.795 de Financiamiento Universitario, señalando que el Gobierno no había demostrado la actualización salarial completa de docentes y no docentes, ni la adecuación de los programas de becas. La resolución mantiene firme la cautelar y ordena al Estado a cumplirla en un plazo de cinco días, mientras las universidades continúan demandando el financiamiento necesario y avances en las paritarias.
Fuente original: APF Nacionales.
