
Procesamiento confirmado para ganaderos por afectación de aguas en islas de Victoria
PoloSur
Detalles del procesamiento
El 16 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento dictado por el juez de Victoria, Federico Ángel Martin, contra Fabián Carlos José Pulido, Aldo Ezequiel Paganucci, Lucas Diego Martínez Videla y Alberto Luis Martínez. Los acusados enfrentan cargos por el delito de “estorbo del ejercicio de derechos ajenos sobre las aguas”, según lo estipulado en el artículo 182º inciso 2° del Código Penal, en relación al arroyo Colorado, afluente de Los Laureles, en un sector protegido del Delta del Paraná.
Los procesados están relacionados con la empresa “Establecimiento Los Laureles SA”, dedicada a la cría y engorde de ganado en el “Lote 35 Lámina 2 Sur”, que pertenece al Superior Gobierno de Entre Ríos. Esta firma cuenta con un permiso transitorio de 995 hectáreas para llevar a cabo actividades pecuarias. Las tierras fiscales se localizan a aproximadamente 52 kilómetros al sur-sur-oeste de Victoria y a 15 kilómetros al norte de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe.


Impacto ambiental y consecuencias legales
Las investigaciones revelaron que se realizaron movimientos de suelo en el curso del arroyo Colorado, en su intersección con el arroyo Los Laureles. También se identificaron obras de estabilización mediante la colocación de estructuras de hormigón armado, conocidas como “tetrápodos”, que alteraron el paisaje en una extensión de alrededor de 110 metros. Además, se constató el desmalezado de aproximadamente 121 hectáreas de humedal, según el informe que respaldó el procesamiento de los imputados.
Es relevante destacar que estas intervenciones ocurrieron dentro del Área Natural Protegida, Reserva de Usos Múltiples “Humedales e Islas de Victoria”, y en violación de la cautelar federal de protección del Delta vigente desde el 1 de julio de 2020. Con la confirmación del procesamiento, el caso avanza hacia el juicio oral, donde los imputados podrían enfrentar penas correccionales que oscilan entre 15 días y 2 años de prisión condicional, además de posibles sanciones bajo la Ley General del Ambiente Nº 25.675.
Fuente original: APF Judiciales.


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