Polo Sur
Celulosa Argentina, una de las papeleras más antiguas del país, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. Según el balance presentado a la CNV, cerró el ejercicio al 31 de mayo con una pérdida integral de $172.634 millones, una caída de ingresos del 44% respecto del año anterior y un patrimonio neto negativo de $23.774 millones, lo que la coloca en situación de quiebra técnica en los términos del artículo 94 inciso 5 de la Ley de Sociedades.
El deterioro operativo fue evidente. Los ingresos totales alcanzaron $258.637 millones, lo que significó una fuerte caída respecto al ejercicio previo. Como los costos operativos no se redujeron en la misma proporción, la compañía terminó con un resultado bruto negativo de $44.224 millones. El impacto también se reflejó en el resultado operativo: en 2024 había mostrado una ganancia de $64.650 millones, pero en este balance se convirtió en una pérdida de $80.318 millones. A su vez, el EBITDA pasó de positivo en $101.973 millones a negativo en $20.146 millones, una señal clara de que la empresa ya no genera recursos propios para sostener su actividad.
Plantas paralizadas y ventas en caída
La propia compañía admitió en su memoria que “la falta de capital de trabajo volvió inviable el financiamiento de la operación, debiéndose parar la producción en las plantas de Capitán Bermúdez y Zárate”. En total, la producción de papeles y pulpa fue de 138.000 toneladas, un 15% menos que el año anterior, mientras que las ventas internas cayeron 32% en toneladas.
En su reseña, el directorio fue aún más categórico al describir el deterioro: “durante el segundo semestre las ventas cayeron 52% respecto del mismo período del año anterior, mientras que el financiamiento disponible se limitó a operaciones de muy corto plazo y tasas extremadamente altas, del orden del 35% al 45% en dólares”. En ese contexto, las plantas siguen paralizadas y el futuro inmediato depende de recomponer capital de trabajo para retomar la producción.
Default y presión judicial
Lo cierto es que la situación financiera se agravó en mayo, cuando Celulosa informó que no podía cumplir con vencimientos de cheques y obligaciones negociables. Desde entonces, la compañía se encuentra en default. En junio presentó un plan de reestructuración de u$s128 millones de deuda, que contemplaba postergar pagos de capital por dos años, aplicar intereses reducidos y subordinar créditos del accionista mayoritario por u$s21 millones. Sin embargo, el esquema no alcanzó el nivel de adhesión necesario entre los acreedores.
A ello se sumó la presión judicial. Uno de sus principales acreedores, Tecmaco Integral, presentó un pedido de quiebra en el Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 de San Lorenzo, en Santa Fe.
En este marco, un dato que llama la anterior de sus balance es que el auditor externo BDO Becher y Asociados decidió abstenerse de opinar sobre los estados contables, al sostener que las múltiples incertidumbres impiden aplicar con certeza el principio de empresa en marcha. El directorio, por su parte, fue explícito en su diagnóstico: “La continuidad de las operaciones depende de la concreción de la reestructuración y de la búsqueda de nuevos socios o inversores que inyecten capital”.
El derrumbe de Tapebicuá y el efecto regional
En este marco, la crisis también golpeó a las subsidiarias. En Corrientes, Forestadora Tapebicuá resolvió el cese total de operaciones por tiempo indeterminado, lo que afectó a más de 500 empleados y obligó al gobierno provincial a implementar un esquema de subsidios de emergencia. En Uruguay, Fanapel enfrenta un capital de trabajo negativo que amenaza su continuidad.
Así, el grupo en su conjunto atraviesa un escenario crítico, con todas sus unidades condicionadas por la falta de liquidez y la caída del mercado interno.
En definitiva, Celulosa Argentina enfrenta un cuadro límite: sin producción, sin caja y con un default sin resolver, la histórica papelera quedó en situación de quiebra técnica. Su continuidad dependerá de una combinación tan urgente como incierta: alcanzar un acuerdo con acreedores y conseguir inversores que inyecten capital para evitar un desenlace judicial.
