Polo Sur
Tierra del Fuego vuelve a escuchar una promesa expresada en dólares. Hasta US$1.500 millones para un nuevo desarrollo gasífero offshore, más pozos y mayor aprovechamiento de la infraestructura existente. La magnitud del anuncio invita al entusiasmo, sin embargo la ausencia de precisiones sobre su impacto local obliga a discutirlo.
¿Cuánto de esa inversión se convertirá en capacidades productivas que permanezcan en la provincia?
El interrogante importa porque invertir frente a Tierra del Fuego y desarrollar Tierra del Fuego son objetivos que pueden coincidir, pero cuya relación debe construirse. No alcanza con que una empresa anuncie desembolsos para que aparezcan proveedores locales, puestos de trabajo estables o nuevas industrias.
El desarrollo requiere decisiones públicas, compromisos empresariales e infraestructura. Cuando esos componentes faltan, el supuesto “derrame” se convierte en una expectativa que nadie está obligado a cumplir.
El dinero del proyecto no es dinero para la economía fueguina
El antecedente de Fénix ofrece una advertencia concreta: su plataforma fue construida en Ravenna, Italia. Una parte del trabajo industrial asociado a una explotación frente a nuestras costas se realizó a miles de kilómetros de la isla.
Eso no elimina la actividad que generan las operaciones, el mantenimiento, la logística o el tratamiento del gas en territorio fueguino. Pero impide confundir el presupuesto total de una inversión con los ingresos que recibirán sus trabajadores y empresas.
La pregunta que debería acompañar cada anuncio es cuánto se contratará en Tierra del Fuego y qué condiciones permitirán aumentar esa participación.
Sin metas públicas de compras locales, capacitación y empleo, los beneficios quedan sujetos a las necesidades del operador. Una estrategia provincial debería buscar que las pymes desarrollen capacidades para acceder a contratos de mayor complejidad y continuidad.
Extraer más no resuelve la industrialización pendiente
El proyecto denominado Alberdi, según la información difundida, apunta a incorporar producción mediante pozos submarinos conectados con instalaciones ya existentes. Su lógica es sostener y ampliar la actividad gasífera. No incluye, en el material conocido, una planta fueguina de urea granulada o amoníaco.
Allí aparece una carencia central del debate político: se celebra la inversión extractiva sin exigir una agenda igualmente concreta para transformar el recurso.
El gas puede utilizarse como materia prima para elaborar amoníaco y fertilizantes. Profertil desarrolla esa transformación en la Argentina, demostrando que existe una cadena industrial que permite comercializar productos distintos del gas que ingresa a la planta. Recientemente Pampa Energía anuncio la construcción de una planta de urea granulada en Bahía Blanca donde generaran empleo estable y riqueza gracias en parte al gas fueguino.
Una planta de estas características en Tierra del Fuego además del empleo generado en su construcción permitiría establecer empleo directo y de calidad para diversificar la matriz productiva fueguina.
La oportunidad se sacrifica cuando la industrialización permanece como una aspiración mientras la extracción avanza con inversiones, tecnología y planificación.
La provincia no puede conformarse indefinidamente con aportar el entorno productivo para una actividad cuyos encadenamientos industriales más complejos se desarrollan en otros lugares.
El puerto de Río Grande debe formar parte de la misma discusión
Pensar en fertilizantes, servicios industriales y una mayor participación de proveedores locales exige abordar la logística. El puerto de Río Grande debería analizarse como parte de esa estrategia que el gobierno provincial dejo absolutamente apagada luego del anuncio en el año 2022 junto a la empresa Mirgor.
Una instalación portuaria adecuada podría contribuir a integrar producción, almacenamiento, transporte y servicios. Pero ese resultado depende de una gestión que impulse su construcción, lejos de eso Gustavo Melella tomo la decisión de dejar a un lado la agenda productiva y tomo la agenda de la reforma constitucional para intentar ir por un nuevo mandato más.
La responsabilidad política empieza donde termina el anuncio empresarial
Una petrolera organiza sus inversiones según su negocio, necesidades, expectativas, etc. Corresponde al Estado definir cómo esa actividad se integra a una estrategia territorial de largo plazo.
Eso exige negociar y promover compras locales, formación profesional, infraestructura compartida y condiciones para nuevas industrias.
Presentar una cifra millonaria como sinónimo de prosperidad evita esa tarea. Los habitantes de Tierra del Fuego necesitan conocer el efecto sobre sus posibilidades de trabajar, emprender y permanecer en la provincia.
El aporte al abastecimiento energético nacional tiene valor. Sin embargo, ese objetivo no reemplaza una política de desarrollo fueguino ni explica por qué la transformación industrial del recurso sigue pendiente.
Tierra del Fuego necesita dejar de medir su futuro únicamente en metros cúbicos extraídos. Debe medirlo también en empresas que crecen, conocimientos que se incorporan, productos que se fabrican y empleos que permanecen.
Alberdi puede ampliar la producción. Convertir esa actividad en una oportunidad industrial requiere mucho más que celebrar el anuncio. Requiere construir los proyectos de urea, amoníaco, logística y servicios que permitan retener una mayor parte del valor generado.
Mientras esa agenda no tenga decisiones, financiamiento y plazos, el riesgo seguirá siendo el mismo: que la extracción tenga un plan muy rentable para TotalEnergies y el desarrollo fueguino continúe esperando.
