PoloSur
En su reciente actuación, Stornelli incorporó a Rockhopper Exploration PLC y sus subsidiarias, así como a Navitas Petroleum Development and Production Limited, a la acusación que ya incluía a Desire Petroleum Limited. Esta última había sido imputada al inicio del proceso judicial. Además, el fiscal solicitó la remisión de exhortos al Reino Unido y a Israel para obtener información sobre la composición societaria de las empresas y posibles vínculos comerciales con intereses británicos.
La denuncia que dio origen a este caso fue presentada por el canciller Pablo Quirno, quien apuntó no solo a las compañías mencionadas, sino también a las sociedades vinculadas y a personas físicas que pudieran haber actuado en su nombre. El expediente está a cargo del Juzgado Federal N° 11, actualmente subrogado por Ariel Lijo.
Stornelli busca establecer si las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental cercana a las Islas Malvinas, realizadas sin autorización, podrían constituir delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos. Los antecedentes administrativos se remontan a mayo de 2012, cuando la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades de Desire Petroleum en la zona. Un año después, la compañía fue inhabilitada durante 20 años para operar en el país por utilizar una licencia otorgada por autoridades británicas.
La hipótesis de la fiscalía sugiere que, a pesar de las resoluciones en su contra y cambios en su estructura, Desire Petroleum habría continuado utilizando permisos de exploración y explotación en la región. Este caso se enmarca en las acciones anunciadas por el presidente Javier Milei en relación con la cuestión Malvinas, mientras que el Reino Unido reafirmó su postura comercial en las islas, calificando de “inaceptables” las sanciones impuestas por Argentina.
Fuente original: Infobae Judiciales.
