PoloSur
En un almuerzo de trabajo en Iguazú, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, se refirió a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas. Quirno subrayó que la existencia de Vaca Muerta posiciona a Argentina en una situación favorable, ya que permite presionar a las empresas para que elijan entre operar de manera ilegal en Malvinas o invertir en el sector petrolero argentino, específicamente en Neuquén, bajo un marco legal claro.
Durante su discurso, Quirno explicó que la ley 26.659, que imponía sanciones a las empresas que operaban en Malvinas, ahora se encuentra en un contexto diferente. En el período en que se implementó esta normativa, entre 2011 y 2013, Vaca Muerta no estaba en el panorama, lo que generaba poco incentivo para las empresas. Sin embargo, el canciller destacó que ahora la situación ha cambiado, creando un desincentivo efectivo para operar en aguas disputadas. “Las compañías deberán decidir entre invertir en un área con licencias ilegales o venir a Argentina, donde encontrarán seguridad jurídica y un mayor potencial de negocio”, aseguró.
Quirno también recordó que el presidente Milei anunció tres modificaciones significativas en relación con las actividades petroleras en Malvinas, de las cuales dos ya están en vigencia. La primera consiste en un decreto que acelera las sanciones a las empresas que operan en las islas, afectando a un conjunto de aproximadamente 180 compañías que abarcan sectores como servicios petroleros y financieros. “Estas empresas tendrán que decidir si continúan sus operaciones y enfrentan sanciones en Argentina, o buscan alternativas”, explicó el canciller.
Por último, Quirno destacó la importancia de asignar presupuesto a la Base Naval Integrada, lo que fortalecerá la presencia de Argentina en el Atlántico Sur y mejorará la logística en la región. También anticipó la presentación de un nuevo proyecto de ley que modificará la 26.659 para ampliar las sanciones y fomentar la inversión en el continente. “Estamos trabajando en una estrategia coordinada que busca maximizar el impacto en las empresas que operan ilegalmente en Malvinas, y ya comenzamos a observar cambios en la valorización de sus acciones”, concluyó.
