Silvana Abalsamo, vicejefa de la Aduana, recibió y escoltó a la ex azafata vinculada al empresario Leonardo Scatturice. Una investigación judicial y el testimonio de la PSA confirman que Laura Arrieta ingresó al país sin controles aduaneros gracias a un operativo irregular montado por autoridades aeroportuarias.
Actualidad22/07/2025
Polo Sur
La trama detrás del escándalo conocido como Valijagate sumó un nuevo capítulo explosivo. La justicia interviniente confirmó que Laura Arrieta, ex azafata y empleada de confianza del empresario Leonardo Scatturice, fue recibida y escoltada personalmente por la vicejefa de la Aduana en Aeroparque, Silvana Abalsamo, el pasado 25 de febrero, tras arribar desde Miami en un vuelo privado.
Según reveló la periodista Luciana Geuna, del canal Todo Noticias, Arrieta bajó del Bombardier Global 5000 —propiedad de la firma COC Global Enterprise— sin ser sometida a ningún tipo de control. En la propia pista entregó su celular a una funcionaria menor, Cintia Cali, en un gesto completamente inusual que fue observado por un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quien presentó una denuncia formal.
Ya dentro del edificio de la terminal, las imágenes de seguridad y los testimonios relevados por la investigación judicial prueban que Abalsamo escoltó personalmente a Arrieta, le indicó ingresar por un canal especial —no habilitado al público— y cerró ese paso de inmediato, impidiendo su uso por otros pasajeros. De esta forma, Arrieta evitó pasar por todos los controles aduaneros y de seguridad, en lo que podría configurarse como una maniobra de encubrimiento.
Una zona liberada en pleno Aeroparque
La alta funcionaria, vestida de civil, no respondió preguntas de la prensa y mantiene silencio sobre el operativo irregular. El episodio plantea serias dudas sobre el uso del poder institucional para facilitar posibles actos ilícitos, ya que Arrieta ingresó al país con 10 valijas sin revisión alguna, a bordo de un vuelo privado del que era la única pasajera.
La aeronave estuvo siete días alojada en un hangar privado, sin que existiera hasta ahora un registro público de los bienes ingresados ni una fiscalización formal por parte de la Aduana ni la PSA. Cabe destacar que Arrieta forma parte del comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), evento internacional que ha congregado a figuras de la ultraderecha global y que tuvo su edición argentina semanas antes del escándalo.
El silencio oficial y los interrogantes políticos
La gravedad del hecho radica no solo en el ingreso no controlado de equipaje desde el exterior, sino en el involucramiento directo de una funcionaria de alto rango en el montaje de una “zona liberada” dentro de uno de los aeropuertos más transitados del país. Silvana Abalsamo continúa en funciones y ningún vocero del gobierno nacional se ha pronunciado al respecto, pese a la evidencia expuesta en medios de comunicación y en sede judicial.
Este escándalo golpea de lleno a los organismos de control del Estado y deja al descubierto una cadena de favores que alcanza hasta las más altas esferas del poder aduanero, en un contexto donde las promesas de «transparencia y lucha contra la corrupción» del gobierno de Javier Milei están cada vez más puestas en duda.
La Justicia ya tiene en su poder los registros fílmicos del operativo, los testimonios de los agentes intervinientes y las comunicaciones entre las partes. Resta saber si avanzará en imputaciones concretas o si este caso será parte del archivo de escándalos que se diluyen con el tiempo.
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
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