PoloSur
A través de la Resolución 93/2026, la UIF ha establecido un nuevo marco regulatorio que exige a los Registros de la Propiedad Inmueble adoptar un enfoque basado en riesgos. Esta modificación busca que cada entidad identifique y gestione los posibles riesgos asociados a sus operaciones. Entre las principales novedades, se destaca la eliminación de la obligación de reportar usufructos vitalicios, además de la inclusión de nuevas categorías de reportes, como las donaciones y transacciones de inmuebles situados en el exterior.
Anteriormente, los registros debían informar sobre compraventas que superaran los 750 salarios mínimos y sobre usufructos vitalicios de inmuebles valorados en más de 200 salarios mínimos. Con la nueva normativa, se exigirá el reporte digital de las inscripciones relacionadas con la constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, siempre que el acto jurídico se haya realizado fuera del país. Estos reportes deberán ser presentados antes del día 15 de cada mes.
La resolución también establece criterios específicos que los registros deben considerar al identificar operaciones inusuales. Entre las señales de alerta se incluyen las inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble con variaciones de precio superiores al 30% en un año, la acumulación de múltiples operaciones a nombre de una misma persona, y las inconsistencias en los datos de identificación de los involucrados en las transacciones. El objetivo es mejorar la detección de movimientos sospechosos, vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, cada Registro de la Propiedad Inmueble deberá designar un Oficial de Cumplimiento titular y uno suplente, quienes serán responsables de proponer políticas de prevención, elaborar manuales y reportar operaciones que resulten sospechosas, fortaleciendo así la lucha contra el lavado de activos en el país.
