Polo Sur
Los diputados nacionales Santiago Pauli y Ricardo Garramuño, representantes de Tierra del Fuego, volvieron a quedar en el centro de la polémica tras votar en contra del aumento del 7,2% a las jubilaciones mínimas y la suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, una medida aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados con 142 votos afirmativos y que busca aliviar la situación de miles de adultos mayores que hoy perciben haberes por debajo de la línea de la pobreza.
Ambos legisladores ya habían generado fuertes críticas en la provincia cuando votaron a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que incluía entre sus condiciones la eliminación de beneficios clave del subrégimen de promoción industrial fueguino, una medida que amenaza con desarticular el entramado productivo y poner en riesgo miles de empleos locales.
Ahora, con su rechazo al aumento previsional, Pauli y Garramuño vuelven a ubicarse del lado del ajuste, incluso en un tema tan sensible como las jubilaciones mínimas, que afectan directamente a los sectores más vulnerables de la población, incluyendo miles de adultos mayores en la isla que sobreviven con haberes congelados mientras los precios continúan escalando.
La votación se dio en un contexto de tensión con el Poder Ejecutivo, que ya adelantó su intención de vetar la ley si se aprueba también en el Senado. Mientras el presidente Javier Milei tildó la iniciativa de “demagogia populista” y amenazó con frenar cualquier medida que comprometa el objetivo de déficit cero, muchos legisladores de distintos espacios —incluso cercanos al oficialismo— decidieron acompañar el proyecto por considerar que responde a una demanda urgente de justicia social.
La posición adoptada por Pauli y Garramuño los coloca, una vez más, enfrentados a los intereses de los sectores productivos y sociales de Tierra del Fuego, alimentando el malestar entre jubilados, trabajadores y dirigentes gremiales que ya venían cuestionando duramente sus decisiones legislativas.
La pregunta que empieza a instalarse en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin es clara: ¿a quién representan realmente estos diputados cuando sistemáticamente votan contra los intereses de su propia provincia?
