Polo Sur
El exdirector del Servicio Penitenciario Provincial, Claudio Canovas, volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Unidad de Detención 1 de Río Grande, en el marco de una investigación judicial por presuntos hechos de extrema gravedad ocurridos dentro del establecimiento.
La causa analiza denuncias que incluyen una presunta red de connivencia entre agentes penitenciarios e internos, además de episodios de violencia y posibles abusos que continúan bajo análisis judicial.
En diálogo con Radio Provincia, Canovas expresó su preocupación por la situación institucional y su relación con el organismo. “Me apena mucho. Porque es una institución a la cual quiero mucho”, señaló, al recordar su paso por la conducción del servicio durante más de siete años.
El exfuncionario planteó que el origen de los problemas estaría en el funcionamiento interno del sistema de control. “Soy un convencido que lo que ha fallado ahí es el trabajo penitenciario en sí, el contralor”, afirmó, al advertir que se habrían permitido dinámicas internas sin supervisión adecuada. También sostuvo que los hechos no serían aislados ni recientes. “Esto viene de un tiempo aparentemente ya orquestado”, expresó.
En su declaración, Canovas dirigió sus críticas hacia la conducción actual del organismo y pidió definiciones sobre su continuidad. “El director Ariel Ciares ya tendría que haber presentado la renuncia. No puede pasar todo lo que está pasando y este señor sigue a cargo del servicio”, afirmó.
Además, consideró que el caso trasciende el plano administrativo y requiere intervención política directa. “Esto pasa por el Ministro de Seguridad, por el Jefe de Gabinete, por el mismo Gobernador. Son los que tienen que tomar decisiones fuertes”, sostuvo.
En esa línea, insistió en la necesidad de medidas concretas frente a la gravedad de la situación. “No podemos como ciudadanos escuchar lo que está pasando dentro de la institución penitenciaria y no tomar medidas”, señaló.
Sobre su salida del cargo, recordó que fue por decisión política y defendió su enfoque de gestión. “Fue por decisión política. Siempre manejé la institución con la premisa de los derechos humanos”, indicó.
La investigación judicial está en manos de la jueza Cecilia Cataldo y el fiscal Martín Bramatti. Se investigan hechos ocurridos en mayo, cuando tres internos habrían sido agredidos en un pabellón que permaneció sin control durante más de dos horas.
En el expediente también se realizaron allanamientos a domicilios de siete agentes penitenciarios, entre ellos el entonces director del penal, Raúl Ciares.
El caso suma un elemento adicional de tensión institucional, ya que Raúl Ciares es hermano de Ariel Ciares, actual director del Servicio Penitenciario Provincial, quien continúa en funciones mientras enfrenta causas abiertas por presunto abuso de autoridad y violencia institucional.
El pronunciamiento de Canovas vuelve a instalar el debate sobre el sistema penitenciario provincial y la conducción política del área en medio de la investigación en curso.
