Polo Sur
En una de las sesiones más trascendentes y tensas de los últimos años, la Legislatura de Tierra del Fuego rechazó el veto del gobernador Gustavo Melella e insistió con la derogación de la Ley 1529 que declaraba la necesidad de la reforma constitucional provincial.
La decisión parlamentaria representa un durísimo revés político e institucional para el Gobierno provincial y deja prácticamente desactivado el proceso de convocatoria a elecciones constituyentes que impulsaba el Ejecutivo.
Tras la votación, la Legislatura avanzó además con la comunicación formal al Juzgado Electoral Provincial, en el marco de lo establecido por el artículo 109 de la Constitución fueguina, profundizando el impacto institucional de la resolución.
La sesión estuvo atravesada por fuertes cruces políticos, cuestionamientos al costo económico del proceso constituyente y críticas hacia la insistencia del oficialismo en avanzar con una reforma constitucional en medio de una profunda crisis económica, caída del empleo, deterioro industrial y creciente conflictividad institucional.
Desde distintos bloques legislativos sostuvieron que la provincia enfrenta prioridades mucho más urgentes vinculadas a:
En ese contexto, varios legisladores consideraron que destinar miles de millones de pesos a una elección constituyente resultaba “inadmisible” frente al escenario económico actual.
La votación también marca un nuevo capítulo en la creciente confrontación política entre el Poder Ejecutivo y sectores opositores, municipales e incluso judiciales, luego de las fuertes críticas formuladas en los últimos días por funcionarios provinciales hacia resoluciones y actuaciones vinculadas al proceso constituyente.
Con la insistencia legislativa ya aprobada y la comunicación remitida a la Justicia Electoral, el escenario político abre ahora una nueva etapa de discusión jurídica e institucional sobre los alcances del proceso preconstituyente y la vigencia efectiva de la convocatoria electoral impulsada por el Ejecutivo.
Mientras tanto, en términos políticos, dentro y fuera de la Legislatura muchos ya consideran que la reforma constitucional impulsada por Melella quedó definitivamente sepultada.
