Polo Sur
El gobierno de Gustavo Melella presentó junto al Banco de Tierra del Fuego una nueva línea de créditos para conexiones domiciliarias de gas y obras de servicios básicos. Sin embargo, detrás del anuncio oficial emerge una realidad incómoda: miles de familias siguen esperando obras prometidas desde hace años y ahora deberán endeudarse para acceder a un servicio que el propio Estado aseguró que iba a garantizar.
El programa contempla préstamos de hasta 8 millones de pesos, con financiación a 36 meses y una tasa subsidiada del 25%. Está dirigido principalmente a familias que actualmente dependen del gas envasado y que se encuentran empadronadas dentro del subsidio provincial al GLP.
Aunque el oficialismo presentó la medida como una herramienta de inclusión y desarrollo habitacional, el anuncio reavivó las críticas por los reiterados incumplimientos en materia de infraestructura energética.
La polémica surge al revisar los propios anuncios realizados por la gestión provincial en los últimos años.
En 2021, Melella afirmaba públicamente que su gobierno avanzaba con “3.000 conexiones para que no sufran más con el tubo”, instalando la idea de un plan masivo de expansión de la red domiciliaria. Un año más tarde, la ministra Gabriela Castillo prometía que más de 2.300 familias quedarían conectadas al sistema antes de finalizar 2022.
La realidad terminó siendo muy distinta.
En numerosos barrios de Río Grande las obras quedaron inconclusas, otras nunca comenzaron y miles de vecinos continúan dependiendo de garrafas cuyos costos se dispararon en medio de la crisis económica.
El giro discursivo del gobernador terminó agravando aún más el malestar social. En 2025, lejos de reconocer las demoras o la falta de ejecución, Melella llegó a afirmar en un encuentro vecinal que “la gente no se conecta porque es cómoda y no quiere pagar la factura”, trasladando la responsabilidad a los propios vecinos.
Ahora, frente a la falta de soluciones estructurales, la respuesta oficial llega en forma de endeudamiento.
La contradicción es evidente: después de años de promesas incumplidas y más de mil millones de pesos invertidos en licitaciones y proyectos que no lograron completarse, el Estado provincial ofrece créditos para que las familias financien por su cuenta el acceso al gas.
El problema de fondo ya no es solamente técnico o presupuestario. También es político.
Porque mientras el gobierno presenta los créditos como una política de acompañamiento social, en los barrios crece la sensación de que las familias están siendo obligadas a pagar —y financiarse— para resolver una obra que durante años fue utilizada como bandera de campaña.
En Tierra del Fuego, donde el invierno no es una variable menor sino una cuestión de supervivencia, el acceso al gas dejó de ser una promesa de gestión para transformarse en una deuda abierta con miles de hogares fueguinos.
