Polo Sur
La política, en ocasiones, tiene la virtud de sincerarse a sí misma. No a través de documentos oficiales ni de discursos cuidadosamente elaborados, sino en declaraciones espontáneas que dejan al descubierto la lógica real con la que se ejerce el poder. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la Legislatura de Tierra del Fuego, cuando el legislador Federico Greve afirmó sin rodeos: “el que tiene la caja ayuda a los amigos”.
La frase, pronunciada en el marco de la defensa de la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gustavo Melella, no es menor. No se trata de un exabrupto ni de una expresión desafortunada. Es, en rigor, una confesión política. Una definición clara y directa sobre cómo se concibe el uso de los recursos públicos dentro del oficialismo.
El problema no es jurídico, el problema es institucional.
Porque cuando un dirigente naturaliza que la “caja” —es decir, los recursos del Estado— puede utilizarse para beneficiar a “los amigos”, lo que está haciendo es romper el principio básico de cualquier sistema democrático: la igualdad en el acceso a los recursos y oportunidades que administra el Estado. En esa lógica, el mérito, la necesidad o el impacto social dejan de ser criterios relevantes. Lo que importa es la cercanía al poder.
Este tipo de concepción no es inocua, tiene consecuencias concretas.
En una provincia atravesada por una crisis industrial profunda, con caída del empleo, cierre de empresas y un horizonte económico cada vez más incierto, la discusión sobre el destino de los recursos públicos debería estar centrada en cómo sostener la producción, generar inversión y proteger el trabajo. Sin embargo, lo que emerge de estas declaraciones es una prioridad distinta: la administración discrecional de los fondos en función de vínculos políticos.
La reforma constitucional que finalmente no prosperó debe leerse también a la luz de este contexto. Más allá de los argumentos formales, el debate dejó expuesto un trasfondo preocupante: la intención de consolidar un esquema de poder donde el control de los recursos se convierte en una herramienta de construcción política antes que en un instrumento de desarrollo.
No se trata de una discusión lejana o abstracta. Se trata de definir qué tipo de Estado se pretende construir en Tierra del Fuego.
Un Estado que funcione como garante de derechos, promotor del desarrollo y administrador transparente de los recursos públicos. O un Estado que opere como una estructura cerrada, donde los beneficios circulan dentro de un círculo reducido, mientras el resto de la sociedad enfrenta las consecuencias de decisiones que no la incluyen.
La frase de Greve no debería pasar desapercibida. Porque más allá de su crudeza, tiene el valor de haber puesto en palabras lo que muchas veces se percibe en los hechos pero rara vez se admite públicamente.
Y cuando el poder se sincera de esa manera, ya no hay margen para la ambigüedad. Lo que queda es discutir si esa lógica es aceptable o si, por el contrario, es precisamente lo que la sociedad fueguina necesita dejar atrás.
