
“El Decreto impacta de forma indirecta, pero impacta, y se suma a un modelo que está destruyendo la industria”
Polo Sur
En diálogo con Radio Provincia, el presidente de RGA Activa, Juan Pablo Deluca, analizó el Decreto 252/26 mediante el cual el Gobierno Nacional extendió el Régimen de Aduana en Factoría. Explicó qué implica la medida, cómo funciona, a quiénes alcanza, por qué modifica beneficios clave y cuáles son sus posibles consecuencias para la industria de Tierra del Fuego.
En primer lugar, Juan Pablo Deluca se refirió al alcance general de la medida “es un Decreto que impacta de forma indirecta, pero impacta y se suma a un conjunto de medidas y a un modelo económico del gobierno nacional que está destruyendo la industria de Tierra del Fuego”. En ese marco, dejó en claro que el impacto no es aislado sino parte de un esquema más amplio.


Asimismo, explicó técnicamente el contenido del decreto “es el Régimen Aduanero de Factoría, que lo que hace es nacionalizar uno de los beneficios que nosotros tenemos acá, que es el no pago de aranceles a la importación”. De esta manera, detalló el cambio central que introduce la normativa.
Luego, amplió sobre su alcance operativo “también habilita para la maquinaria y da facilidades, es decir, que hay gran parte de los beneficios que nosotros tenemos acá, es un régimen esto que se aplica sobre todo en las terminales automotrices de la Argentina y ahora se nacionaliza”. En consecuencia, subrayó la extensión del beneficio a nivel país.
En ese sentido, planteó el efecto concreto sobre el esquema productivo “esta medida sí le cambia la ecuación a algunas empresas de la promoción que están acá y exportan en el exterior”. Por lo tanto, indicó que la competitividad relativa podría verse afectada.
Por último, el presidente de RGA Activa advirtió sobre posibles decisiones empresariales “puede llegar a analizar esto, deslocalizar esta producción en el resto del país, cerca del puerto de Buenos Aires o otro puerto de la Argentina, con menores costos logísticos, y no producir acá”. Así, señaló el riesgo de relocalización como una consecuencia directa del decreto.


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