Polo Sur
La iniciativa fue impulsada por el legislador Jorge Lechman, quien planteó dudas sobre el procedimiento mediante el cual fue designado Maximiliano D’Alessio. El objetivo central del reclamo es determinar si se respetaron los mecanismos legales establecidos o si hubo irregularidades en el proceso.
El eje del debate gira en torno a la Ley Provincial 1012, que establece que la designación de un representante ante la petrolera debe realizarse por el Ejecutivo bajo la modalidad “ad referéndum” de la Legislatura. Esto implica que el nombramiento requiere la posterior aprobación parlamentaria para tener plena validez.
En ese marco, desde el ámbito legislativo se busca establecer si el Ejecutivo cumplió con la obligación de informar y someter la designación al análisis de la Cámara, o si avanzó sin respetar ese paso institucional.
La resolución aprobada no solo exige explicaciones, sino también la remisión del expediente completo, incluyendo antecedentes administrativos, dictámenes y toda la documentación vinculada al nombramiento.
El plazo de 48 horas, definido como improrrogable, introduce un componente de presión política y marca la urgencia que la Legislatura le asigna al tema. La respuesta del Ejecutivo será clave para determinar los próximos pasos.
La discusión adquiere especial relevancia por el peso estratégico que tiene la participación provincial en el directorio de YPF. Se trata de un espacio desde el cual se incide en decisiones vinculadas al desarrollo energético, inversiones y producción, aspectos fundamentales para la economía de Tierra del Fuego.
Por ahora, el pedido de informes abre un escenario de incertidumbre institucional. Todo dependerá de la información que presente el Gobierno en el plazo establecido y de la evaluación posterior que realice la Legislatura.
