Polo Sur
La escena es obscena, escandalosa y es tan absurda como peligrosa.
Un condenado a prisión perpetua por uno de los homicidios más brutales de la historia reciente de Tierra del Fuego amenaza con presentarse armado en un juzgado… y la respuesta de la Justicia es devolverle la libertad.
Lamentablemente esta no es una interpretación de los hechos, tampoco es es una exageración, es exactamente lo que ocurrió.
Walter Quiróz, de 45 años, autor del asesinato de Judith Muñoz Bustos, envió un correo electrónico al Juzgado de Ejecución de Penas —el mismo que controla su libertad condicional— advirtiendo que, si no obtenía una solución a su situación, se presentaría “con un chumbo”.
La amenaza fue directa, concreta y extremadamente explícita, la fiscalía aunque se tomó su tiempo actuó y ordenó su detención, hasta ahí, podemos decir que el sistema funcionó.
Pero lo que vino después expone un nivel de desconexión institucional extremadamente alarmante.
Increíblemente la polémica jueza Cecilia Cataldo decidió liberarlo a los pocos días.
El caso reúne todos los elementos de máxima gravedad:
Y aun así, la respuesta fue la excarcelación.
Sin eufemismos:
la Justicia liberó a alguien que amenazó con ir armado a un juzgado.
Hay un dato que agrava aún más el cuadro, es que el mensaje fue dirigido al Juzgado de Ejecución de Penas.
El mismo que años atrás con argumentos absurdos le otorgó la libertad condicional, el mismo juzgado que interpreto que el detenido había comprendido y subjetivado su delito con la firma del funcionario del gobernador Melella, el director del servicio penitenciario Ariel Ciares quien habilitó en primera instancia que la jueza de ejecución penal la abogada Natalia Buitrago avance con la libertad del asesino Walter Quiroz.
La secuencia es brutal:
Quiróz no es un caso menor.
Fue condenado por el asesinato de Judith Muñoz Bustos, en un hecho de violencia extrema, golpiza, abandono, retorno para evitar denuncia, atropello con un vehículo.
Un crimen que dejó una marca en toda la provincia y que debería ser suficiente, por sí solo, para activar todos los mecanismos de prevención, pero evidentemente para algunos funcionarios del sistema penitenciario y del poder judicial lastimosamente no lo fue.
La pregunta ya no es jurídica, es institucional y hace impacto en toda la sociedad fueguina
¿Qué tiene que pasar para que la Justicia actúe con firmeza?
no alcanza para quedar detenido, entonces el problema no es el caso, son las autoridades que no están a la altura para gestionar y garantizar justicia en la provincia de Tierra del Fuego.
La decisión tiene una cadena de firmas y responsabilidades muy claras
Ariel Ciares (entregó con su firma un informe que flexibiliza la condición de Quiroz)
Natalia Buitrago (acepta el informe de Ciares)
Martin Bramati (justifica el accionar de Buitrago)
Eduardo Urquiza (justifica el accionar de Bramati)
Julián De Martino (convalida el accionar de Buitrago copiando y pegando el fallo)
Federico Martin Vilella (convalida el accionar de Buitrago copiando y pegando el fallo)
Carlos Gonzalo Sagastume (justifica la decisión de De Martino y Vilella)
Javier Muchnik (justifica la decisión de De Martino y Vilella)
María del Carmen Battaini (justifica la decisión de De Martino y Vilella)
Cecilia Cataldo (luego de la amenaza, libera nuevamente a Walter Quiroz)
La que adoptaron todos y cada uno de los nombrados no constituye en si misma una decisión técnica más.
Es una cadena de decisiones que:
Es un símbolo y un síntoma de un sistema lleno de irresponsables que no tienen ni la más mínima empatía con la sociedad en la que están viviendo, no miden el riesgo y el impacto real de sus decisiones, no actúan a a tiempo y cuando lo hacen es producto de una reacción tardía que intenta solo morigerar el desastre que construyeron.
