PoloSur
La controversia surgió cuando se conocieron detalles del proyecto enviado por el Gobierno, que incluía la eliminación de mecanismos de actualización de prestaciones, cambios en los criterios de acceso a pensiones por discapacidad y modificaciones en el sistema de aranceles para prestadores. Esta situación complicó las conversaciones del oficialismo con el Pro, la UCR y bloques provinciales, que buscaban una alternativa a la actual Ley de Emergencia en Discapacidad.
En respuesta a estas críticas, desde la Casa Rosada se trabaja en una salida negociada. Fuentes indican que el oficialismo ha comunicado a sus aliados que revisará los puntos más cuestionados del proyecto original, con el objetivo de llegar a un texto consensuado que prevenga una derrota en el Parlamento. La estrategia del Gobierno implica reemplazar el esquema de emergencia vigente por un marco normativo permanente, argumentando que las prórrogas sucesivas dificultan la planificación a largo plazo.
Una de las modificaciones en discusión es la actualización periódica del nomenclador de prestaciones por discapacidad, aunque el nuevo esquema no será igual al actual. La propuesta contempla ajustes automáticos relacionados con la inflación, pero con una frecuencia más espaciada. Además, se busca establecer criterios más restrictivos para el acceso a pensiones no contributivas, evaluando no solo el Certificado Único de Discapacidad, sino también el grado de afectación laboral y la situación socioeconómica del solicitante.
A pesar de las tensiones internas en el oficialismo y las objeciones planteadas por sus socios, tanto en la Casa Rosada como entre los bloques aliados se asegura que el diálogo sigue en curso. La meta es alcanzar un dictamen común en los próximos días, garantizando que el texto final del Presupuesto 2027 respete los derechos y prestaciones de las personas con discapacidad.
Fuente original: APF Nacionales.
