PoloSur
El proyecto, firmado por Milei y su equipo de ministros, reemplaza la Ley 26.659 de 2011, ampliando su alcance para incluir no solo hidrocarburos, sino todos los recursos naturales en la plataforma continental argentina. Según el comunicado oficial, la propuesta se basa en tres ejes fundamentales: sancionar la explotación ilegítima de recursos, incentivar su cese y dotar al Estado de herramientas para protegerse de amenazas externas. Las empresas que sean inhabilitadas podrían enfrentar restricciones para operar en cualquier parte del país.
Además, se establece un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei, con la capacidad de implementar “medidas urgentes” ante amenazas graves. Estas medidas incluyen restricciones en operaciones cambiarias y financieras, la inmovilización de fondos y activos, y la suspensión de autorizaciones comerciales. Las fuerzas armadas también recibirían la facultad de intervenir en la protección de instalaciones estratégicas.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la creación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que no requiere una causa penal previa para la inscripción. La medida permite la inmovilización inmediata de fondos y la inhabilitación para contratar con el Estado, aunque la Unidad de Información Financiera debe notificar a un juez federal para su ratificación. Además, se establece un nuevo delito con penas de cinco a quince años para quienes brinden apoyo a organizaciones terroristas.
La presentación del proyecto se produce en un contexto de tensión, ya que horas antes, una jueza federal de Río Grande había dictado una medida cautelar que afecta a empresas involucradas en un proyecto de explotación en la zona. La iniciativa ha generado críticas de diversos sectores, que advierten sobre posibles implicancias en la seguridad y la concentración de poder en el ámbito de la seguridad pública.
Fuente original: MercoPress Argentina.
