Polo Sur
Los diputados Agustín Tita (Tierra del Fuego), Ignacio García Aresca (Córdoba), Juan Schiaretti (Córdoba), Alejandra Torres (Córdoba), Javier Noguera (Tucumán), Casas Sergio (La Rioja) dejaron sus bancas vacías durante una jornada clave que avanzo en quebrar derechos históricos de los trabajadores argentinos.
Cada diputado nacional, al asumir, presta juramento de “desempeñar debidamente el cargo y obrar en todo de conformidad con la Constitución Nacional” (artículo 67). No es una fórmula protocolar. Es un compromiso institucional que implica responsabilidades concretas, entre ellas legislar, debatir y, fundamentalmente, asistir a las sesiones.
La representación no es una cuestión meramente abstracta. Se ejerce ocupando la banca cuando el Congreso debate leyes que afectan derechos, impuestos, jubilaciones o condiciones laborales. Cuando un legislador se ausenta sin causa debidamente justificada en jornadas clave, no solo deja un asiento vacío, lo que está haciendo es debilitar el mandato conferido por miles de ciudadanos.
El Reglamento de la Cámara de Diputados en este sentido es absolutamente claro. Establece la obligación de asistencia, la necesidad de justificar ausencias y prevé sanciones ante inasistencias injustificadas que se dan de forma reiteradas, como en el caso del diputado de Tierra del Fuego Agustín Tita, quien además de faltar durante la jornada de ayer, también lo hizo durante el tratamiento del presupuesto nacional.
La asistencia no se trata de un detalle administrativo; es el mecanismo mínimo que garantiza el funcionamiento del Poder Legislativo. Sin presencia no hay quórum. Sin quórum no hay deliberación. Sin deliberación no hay República.
La Constitución, en su artículo 66, incluso habilita a cada Cámara a corregir a sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. La inasistencia sistemática o estratégica en votaciones decisivas no es un hecho neutro, tiene consecuencias, altera mayorías, modifica resultados y puede inclinar la balanza legislativa.
Algunos intentan reducir la discusión a una cuestión personal o circunstancial. Pero la función pública exige estándares superiores y alto grado de responsabilidad pública. El cargo no pertenece al legislador; pertenece al pueblo que lo eligió. Y ese pueblo no delega su representación para que sea ejercida selectivamente.
La democracia representativa se sostiene sobre un principio elemental, quien asume la responsabilidad de legislar debe estar presente cuando se legisla. Lo contrario no es una diferencia política; es un incumplimiento institucional muy grave.
Las bancas vacías no son solo una imagen incómoda. Son el síntoma de una degradación del compromiso republicano. Y en tiempos donde la confianza pública es frágil, la primera obligación de un diputado no es discursiva, es cumplir con su deber constitucional.
