La industria electrónica de Tierra del Fuego atraviesa su momento más crítico en décadas. A un mes de que entren en vigencia los aranceles 0 para la importación de celulares, medida dispuesta por el gobierno nacional, la actividad fabril se encamina a un parate inminente y la situación laboral de unos 7.000 trabajadores pende de un hilo.

Una investigación de alcance internacional del diario The Guardian puso bajo la lupa los métodos de la industria acuícola del país vecino, reavivando las objeciones al proyecto para instalar granjas en el Mar Argentino. El informe detalla la grave situación laboral y el impacto ambiental del modelo productivo

Tierra del Fuego registra 142 casos de coqueluche, la franja etaria más afectada es la de niños y niñas de 5 a 9 años, seguida por el grupo de adultos jóvenes de 25 años. En cuanto a la distribución por sexo, los casos se reparten en proporciones similares: 51% corresponde a varones y 49% a mujeres.

Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.

El juez Sebastián Casanello envió citaciones para una nueva ronda de indagatorias. Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel, debió renunciar a su cargo en el gobierno luego de que se secuestraron cerca de u$s700.000 en su casa.

Mientras el gobierno paga mas de 400 millones en choferes vip, y la provincia lidera los contagios por tos convulsa en el país, los pacientes del Hospital de Río Grande advierten que las esperas por los resultados de las mamografías se extienden hasta por lo menos 75 días, por otro lado los trabajadores señalan fallas en la gestión, además de la existencia de servicios tercerizados y falta de controles en áreas clave del funcionamiento del hospital.

Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.

Lo confirma un reciente contrato de la empresa con el gobierno de EEUU. con el propósito de "evaluar amenazas" y "monitorear naves espaciales adversarias".