LAS DELEGACIONES FUEGUINAS CONTINÚAN PARTICIPANDO EN EL RESTO DE LA PATAGONIA SUR

El intendente de Río Grande, Martín Perez, firmó el Decreto de Obligaciones Cumplidas correspondiente a los terrenos del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, un paso administrativo clave que permite continuar con el proceso de regularización dominial y avanzar hacia la futura obtención de los títulos de propiedad.

La advertencia de Moody’s no llega en el vacío: se inscribe en una provincia con un sistema energético al borde del colapso, con cortes, falta de inversión y dependencia creciente; con una educación atravesada por paros recurrentes, pérdida de días de clase y ausencia de planificación estratégica; con un sistema sanitario tensionado, desfinanciado y cada vez más lejos de garantizar respuestas oportunas; y con un Estado que gasta más de lo que recauda sin un horizonte claro de desarrollo. En ese contexto, la ratificación de la calificación no es un respaldo a la gestión, sino una señal de alarma: Tierra del Fuego navega sin rumbo, con desequilibrios fiscales crecientes y sin un plan energético, educativo ni sanitario que sostenga el futuro, mientras el gobierno de Gustavo Melella administra la coyuntura, posterga decisiones estructurales y deja a la provincia expuesta a un deterioro que ya no es solo financiero, sino integral.

La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, junto a la concejal Florencia Vargas, recibieron al Cónsul General de la República de Chile en esta ciudad, Roberto Ruíz Piracés, en el marco de su despedida institucional tras culminar su gestión diplomática en la ciudad.

Mientras en el Congreso se debatía el Presupuesto 2026 —la ley que define los recursos para educación, salud, energía y obras en Tierra del Fuego— la banca del diputado Agustín Tita estuvo vacía. No fue una ausencia menor ni un detalle administrativo: fue la confirmación de una forma de hacer política donde los cargos funcionan como favores personales y no como herramientas de defensa provincial. En el momento en que la provincia necesitaba presencia, voz y firmeza, hubo silencio y una silla vacía. Y ese vacío lo pagan, una vez más, todos los fueguinos, también plantea dudas sobre si su ausencia busca beneficiar al gobierno nacional para destrabar la ley de presupuesto.

Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.

Una ministra que regula la energía y, al mismo tiempo, integra el directorio de la empresa que la explota no es multitarea: es juez y parte. La designación de Gabriela Castillo en Terra Ignis cruza un límite legal y ético claro, expone al Gobierno a una incompatibilidad grave y debilita la transparencia del Estado, al tiempo que podría poner en tela de juicio legal todas las decisiones adoptadas.