Polo Sur
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profunda preocupación por las medidas adoptadas este viernes por el Gobierno nacional que modifican los procesos productivos de los celulares fabricados en Tierra del Fuego, advirtiendo que la nueva normativa podría derivar en la pérdida de al menos 400 puestos de trabajo industriales.
El jefe comunal señaló que estos cambios se suman al decreto 333/25 que eliminó la protección arancelaria a los productos fueguinos y encendió las alarmas sobre el futuro del empleo industrial en la provincia.
“Es muy preocupante lo que está sucediendo en nuestra ciudad”, alertó Perez. “Lo advertimos desde el primer día en que se comunicó el decreto 333/25 y los efectos negativos que tendría sobre el empleo local. Ahora se publica una nueva resolución que modifica los procesos productivos de los teléfonos celulares, lo que podría derivar en una pérdida de, por lo menos, 400 empleos en el sector”.
El Intendente llamó a las autoridades nacionales a revisar estas decisiones y a evaluar el impacto social que generan, señalando que “necesitamos que el Gobierno Nacional comprenda el daño que estas medidas provocan. La situación económica en Río Grande es alarmante y en los próximos meses podría volverse crítica si continúa el crecimiento del desempleo y la abrupta caída de la actividad económica”.
En el mismo sentido, agregó que “estas decisiones no sólo afectan a los trabajadores de las fábricas, sino que repercuten en toda la ciudad; menos empleo significa menos consumo en los comercios, menos movimiento económico y más incertidumbre en las familias. Cada puesto de trabajo que se pierde impacta en una casa, en una mesa, en un proyecto de vida".
“Sé que muchas familias de Río Grande están atravesando un momento difícil. Me lo transmiten todos los días. La angustia por el trabajo no es un dato estadístico, es una preocupación real que está presente en cada hogar. Por eso, defender la industria fueguina es defender el futuro de miles de familias”, sostuvo.
Perez recordó que la Ley 19.640 y el subrégimen industrial no son sólo un esquema económico, sino una política estratégica para el país: “nuestra industria es trabajo y es soberanía en el extremo sur del país. Debilitar el empleo es debilitar nuestra presencia soberana. Retroceder en este camino es retroceder 50 años en una de las pocas políticas de Estado que dieron estabilidad, arraigo y permanencia territorial”.
