Polo Sur
La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) – Seccional Tierra del Fuego, anunció un paro total de actividades por 48 horas los días jueves 23 y viernes 24 de octubre, en rechazo a la Acordada N.º 236/2025 del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que otorgó aumentos del 10% y 20% a los cargos jerárquicos del Poder Judicial.
Desde el gremio denunciaron una "doble vara salarial", señalando que mientras la mayoría del personal recibió un incremento del 2,5%, el STJ aprobó un aumento muy superior para los altos funcionarios administrativos. “Si hay recursos para dar un 20% a cierto sector de cúpula, esos mismos recursos deben ser aplicados para todos”, remarcaron en el comunicado oficial difundido este 17 de octubre.
El sindicato consideró que la medida del Superior Tribunal agrava la desigualdad interna y refleja un criterio “injusto, inequitativo y discriminatorio”, especialmente en un contexto económico donde los trabajadores judiciales vienen perdiendo poder adquisitivo desde 2023, con una pérdida acumulada cercana al 28%.
“No podemos tomar esta situación más que como una ofensa hacia quienes sostenemos el servicio de justicia”, expresó la Comisión Directiva, que además recordó que la insuficiencia de recursos “ya fue advertida en múltiples reuniones de Mesa Salarial sin obtener respuestas”.
La UEJN exige al STJ rever de inmediato la decisión y compensar la pérdida salarial del año pasado, advirtiendo que el paro es solo el primer paso de un plan de lucha que podría escalar si no hay respuestas concretas.
“Frente a la indecencia y a la burla, dignidad y lucha”, concluye el comunicado, marcando un tono firme ante lo que los trabajadores consideran una nueva muestra de privilegio y desconexión de las autoridades judiciales.
La falta de estrategia, el manejo político improvisado y errores procesales evidentes terminaron exponiendo a la provincia a un revés judicial que pudo evitarse. Lo que debía ser una defensa firme de los intereses fueguinos derivó en un litigio mal conducido, con consecuencias institucionales, económicas y políticas que ahora paga toda la sociedad.
El banco público provincial, que debería ser una herramienta de desarrollo e inclusión financiera, parece haber invertido su lógica: miles de trabajadores fueguinos cobran allí sus haberes de manera prácticamente obligada, pero acceden a créditos más caros y menos competitivos que los ofrecidos por entidades nacionales. Lejos de democratizar el acceso al financiamiento, el sistema termina consolidando clientes cautivos con beneficios limitados, alimentando una paradoja incómoda: una banca pública que, en lugar de proteger a sus propios usuarios, reproduce condiciones que dificultan su bienestar económico.
La Policía le secuestró 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros cuando allanó su departamento. Habría tenido un rol clave en el desfalco de la Agencia y además presidia la Comisión del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego donde también se presume que hubo desvío de fondos y sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina.
En un contexto de fuertes aumentos de precios y caída del consumo interno, el acuerdo bilateral con el gobierno de Donald Trump genera expectativas en el sector exportador y cuestionamientos por su impacto muy negativo en el mercado doméstico.
El fuerte viento del sector oeste volvió a convertir a la Laguna Seca en el epicentro de una nube de polvo que afectó a barrios del norte de Río Grande, complicó la circulación por la Circunvalación y reavivó el reclamo vecinal por una obra prometida hace años y que nunca dio resultados, mientras tanto y como de costumbre Melella mira para otro lado y no se hace cargo.
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El banco público provincial, que debería ser una herramienta de desarrollo e inclusión financiera, parece haber invertido su lógica: miles de trabajadores fueguinos cobran allí sus haberes de manera prácticamente obligada, pero acceden a créditos más caros y menos competitivos que los ofrecidos por entidades nacionales. Lejos de democratizar el acceso al financiamiento, el sistema termina consolidando clientes cautivos con beneficios limitados, alimentando una paradoja incómoda: una banca pública que, en lugar de proteger a sus propios usuarios, reproduce condiciones que dificultan su bienestar económico.
